El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).
El acto de firma del acuerdo estuvo presidido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina. Al promover la rehabilitación y reinserción social, las entidades buscan unir voluntades con el objetivo de ofrecer un enfoque integral basado en justicia terapéutica cuando se trata de personas diagnosticadas con uso problemático de drogas.
La firma del documento estuvo a cargo del director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro De Jesús Abreu; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral, Santo Rosario Ramírez.
Al dirigirse a los presentes, Henry Molina sostuvo que el acuerdo expresa un compromiso colectivo con la dignidad de las personas, con la rehabilitación sobre la exclusión y con la justicia que escucha, acompaña y transforma.
“Porque sabemos que detrás de cada caso hay una historia, y que muchas veces, la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que las personas con consumo problemático de sustancias no son criminales, sino seres humanos atravesados por el dolor, la exclusión y la ausencia de oportunidades.
De su lado, la magistrada Yeni Berenice destacó la importancia del acuerdo para muchos jóvenes que demandan atención de salud y para un sistema de justicia cuyo fin siempre será, como lo establece la Constitución, el de reinsertar al individuo a la sociedad.
Valoró el cambio de visión que viene experimentando el Ministerio Público que, en la actualidad, “no procesa consumo a nivel nacional”. “Algunas personas dicen: ´hay un caso de consumo´. No; puede que haya un caso de consumo, pero vinculado a otros delitos, a armas de fuego, a una violencia de género, a otros delitos con unas connotaciones que son ya distintas”, apuntó.
Asimismo, Alejandro Abreu tildó de complejo el tema de las drogas, del que dijo amenaza la estabilidad familiar, razón por la que propuso poner en marcha un plan de indicadores para medir los resultados del acuerdo, el cual, aseguró, beneficiará a muchas personas en su camino hacia la rehabilitación social.
El acuerdo contempla la intervención de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, con la supervisión de un tribunal y la participación del fiscal y la defensa, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas imputadas en delitos menores por encontrarse en situación de vulnerabilidad múltiple debido al consumo problemático de drogas y estar sujeta a un proceso judicial.
El convenio está fundamentado en el respeto de la dignidad humana y el derecho de acceso a la justicia, favoreciendo la integración familiar y el bienestar social en procura de una justicia más inclusiva y accesible para todos y todas en el marco del primer eje del Plan Estratégico del Poder Judicial.
Asimismo, garantizan que los procesos judiciales se resuelvan en el menor tiempo posible, respetando la dignidad y los derechos fundamentales de las partes involucradas, evitando la revictimización.
El Poder Judicial, a través de jueces y juezas de instrucción y de ejecución de la pena, tendrá un rol clave en la celebración de audiencias y supervisión del cumplimiento del tratamiento, asegurando un enfoque respetuoso de los derechos humanos y la normativa vigente.
El acuerdo contempla la designación de personal técnico para dar seguimiento al mismo, en un plazo de treinta días posterior a su firma.
Tiene como fundamento los postulados de la justicia terapéutica, entendida como el “estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales, en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas”.
Este paso reafirma el compromiso de las instituciones de fortalecer el sistema de justicia y ofrecer alternativas humanas y efectivas para la atención de personas en conflicto con la ley por la comisión de delitos menores y que necesitan atención médica y psicológica, promoviendo una justicia más justa, inclusiva y digna.
En la firma del acuerdo, que tuvo lugar en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, estuvieron presentes María Garabito Ramírez, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega, jueces del alto tribunal; y la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional; así como jueces de otras instancias, fiscales y miembros de la comunidad jurídica.
Además, Esteban De La Torre Ribadeneira, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la República Dominicana, entre otros invitados especiales.
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