Crisis económica, política y social por ley de partidos: Industriales preocupados

Preocupación por la aprobación apresurada de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas

Santo Domingo, RD.-

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) expresó su profunda preocupación por la forma apresurada y excluyente en la que se está llevando a cabo el proceso de discusión y aprobación legislativa del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Después de haber sido postergada deliberadamente durante más de una década, la normativa no debe ser aprobada de manera precipitada, sin tener en cuenta la opinión de la Junta Central Electoral (JCE) y de todos los partidos políticos de oposición.

La AEIH señaló que la legislación no debe ser promulgada sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y los gremios empresariales que trabajan en la defensa de la democracia y la institucionalidad.

El presidente de la AEIH, Antonio Taveras Guzmán, advirtió que la aprobación rápida de la Ley, con el objetivo de imponer un sistema de elecciones primarias favorable a un sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), podría desencadenar una profunda crisis política que afectaría la economía nacional y la calidad de vida de los ciudadanos.

Llamado a la prudencia en la aprobación de la Ley

Taveras Guzmán hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que se abstenga de aprobar cualquier contenido que no haya sido consensuado con los diferentes actores políticos y sociales preocupados por la democracia y el Estado de Derecho.

El dirigente empresarial propuso que las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional retomen la discusión sobre los puntos de las Leyes de Partidos y del Régimen Electoral que cuentan con el respaldo de la JCE, los partidos de oposición, la opinión pública, las iglesias, el empresariado y observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre estos puntos se encuentran la regulación transparente del financiamiento de los partidos y las campañas electorales, la equitativa participación de candidatos y partidos en los medios de comunicación, la regulación de los tiempos de campaña, el aumento de las penas por delitos electorales y el uso ilegal de recursos estatales por parte de sectores oficialistas, entre otros.