Bartolo García
Santo Domingo, 16 de julio de 2025. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dirigió una carta pública al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), doctor Rafael A. Burgos Gómez, exigiendo explicaciones y detalles concretos sobre los señalamientos vertidos por este último en una entrevista publicada por el periódico Diario Libre, en la que denunció la pérdida de más de dos millones de tareas de tierras estatales entre los años 2000 y 2020.
Según la publicación en la columna “Diálogo Libre”, Burgos Gómez aseguró que dichas tierras fueron entregadas a precios irrisorios o incluso regaladas a funcionarios y allegados a los gobiernos de turno, señalando que se trató de una “piñata” en perjuicio del Estado dominicano. El funcionario habría afirmado que el 70 % de esas tierras terminaron en manos de sectores influyentes del país.
En respuesta, el exmandatario Hipólito Mejía calificó estas declaraciones como alegres e imprecisas, reclamando a Burgos que identifique con claridad todos los casos y expedientes en los que su nombre pudiera aparecer directa o indirectamente vinculado. “Deseo solicitarle que precise con hechos, casos y detalles todos los expedientes en que quien suscribe pudiera estar involucrado”, señaló Mejía en su misiva.
Además, recordó que durante el período señalado (2000–2004) ocupó la presidencia de la República y que Burgos formó parte de su equipo de gobierno, fungiendo como asesor en materia de zonas francas y posteriormente como gobernador de la provincia Santo Domingo.
Mejía también amplió el alcance de su solicitud, pidiendo a Burgos que, si dispone de información concreta sobre su gestión como Secretario de Estado de Agricultura en el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández (1978–1982), la dé a conocer públicamente.
“El pueblo dominicano tiene derecho a conocer la verdad sobre la conducta de quienes hemos ejercido funciones públicas”, sostuvo Mejía, quien exigió que cualquier alusión a su persona, su familia o su gestión de gobierno sea sustentada con evidencias concretas y presentadas ante la opinión pública con igual amplitud que las acusaciones.
El exjefe de Estado defendió su trayectoria como servidor público, insistiendo en que su administración no participó en la supuesta “piñata” de tierras que se denuncia, y que, por el contrario, ha procurado siempre actuar con integridad y responsabilidad en el ejercicio del poder.
Mejía aseguró que no tolerará insinuaciones infundadas que comprometan su honor ni el de su familia, por lo que conmina al director del CEA a ser transparente y directo. “Hable claro, señor director, si tiene nombres, fechas y documentos, preséntelos”, demandó.
La carta de Mejía fue enviada el 15 de julio de 2025 y anexada a los medios para conocimiento público. En ella, señala que la gravedad de las afirmaciones de Burgos Gómez justifica una respuesta institucional y ciudadana, pues comprometen no solo el honor de personas, sino también la credibilidad de las instituciones del Estado.
El caso se ha convertido en tema de debate nacional, ya que las declaraciones de Burgos han encendido alertas sobre la administración de los bienes del Estado en gobiernos pasados y han generado reacciones diversas en círculos políticos y empresariales.
Analistas han señalado que este cruce de declaraciones podría derivar en una investigación más amplia sobre la gestión de los terrenos pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar, muchos de los cuales pasaron a manos privadas durante los últimos 25 años.
Hasta el momento, el doctor Rafael Burgos Gómez no ha emitido una respuesta formal a la carta del expresidente, aunque se espera que lo haga en los próximos días, dada la presión mediática que el caso ha generado.
El Consejo Estatal del Azúcar ha estado en el centro de múltiples controversias históricas relacionadas con ventas, alquileres y cesiones de terrenos, muchos de los cuales han sido objeto de disputas legales por falta de títulos o irregularidades en los procesos de traspaso.
En su carta final, Hipólito Mejía reitera su disposición a someterse al escrutinio público y jurídico si fuese necesario, pero también exige el mismo nivel de responsabilidad a quienes lanzan acusaciones sin fundamento claro. “La transparencia no puede ser selectiva ni servir de plataforma para ataques infundados”, concluyó.
