Cambridge, EE. UU. – La Universidad de Harvard denunció como “ilegal” y “represiva” la reciente decisión del Gobierno de Donald Trump, que le revocó la autorización para admitir estudiantes internacionales, una medida que afecta al 27% de su matrícula y desata un nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y la institución académica más influyente del país.
La orden fue firmada por Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien informó en una carta que la revocación es efectiva de inmediato, prohibiendo nuevas inscripciones y exigiendo que los estudiantes internacionales actuales se transfieran o enfrenten la expulsión.
La universidad, que cuenta con unos 6,800 alumnos extranjeros, calificó la medida como “una represalia” que pone en riesgo su misión académica y socava el principio de libertad universitaria. “La diversidad de nuestra comunidad es esencial para nuestra excelencia académica”, declaró un portavoz.
El Gobierno acusa a Harvard de permitir expresiones “antisemitas” y actividades coordinadas con intereses extranjeros, en particular con el Partido Comunista Chino. Noem dio 72 horas a la universidad para entregar grabaciones y datos de estudiantes que hayan participado en protestas.
El DHS sostiene que la universidad “se beneficia de las altas matrículas de estudiantes extranjeros sin cumplir con estándares de seguridad nacional”, y amenaza con ampliar las sanciones si Harvard no coopera.
Este ataque forma parte de una campaña más amplia contra universidades consideradas críticas de la administración, que incluye congelar fondos federales y revisar sus privilegios fiscales.
La comunidad académica reaccionó con alarma. “Esto es un ataque frontal a la libertad de expresión y a los principios democráticos”, señaló Will Creeley, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE).
Expertos legales anticipan una batalla judicial. Harvard ya presentó demandas anteriormente contra acciones del Gobierno, y podría solicitar una suspensión cautelar para frenar los efectos de esta nueva medida.
La universidad también cuestionó la legalidad de aplicar la decisión de forma generalizada. “Los visados deben evaluarse caso por caso. Esta acción colectiva carece de fundamento legal”, advirtió su equipo legal.
El impacto no se limita a Harvard. Universidades aliadas temen que esta medida siente un precedente peligroso, donde la afiliación política determine el acceso a la educación superior en Estados Unidos.
En el plano académico, la medida amenaza con descarrilar programas de investigación y colaboración internacional. Los cursos de verano y programas de intercambio también se verán severamente afectados.
El propio Donald Trump defendió la decisión en redes sociales, afirmando que “ninguna institución está por encima de la seguridad nacional” y acusando a Harvard de “formar radicales en lugar de líderes”.
Mientras tanto, la comunidad estudiantil internacional, muchos de los cuales ya se preparaban para ingresar a Harvard en otoño, vive momentos de incertidumbre y temor por su estatus migratorio.
Harvard, firme en su posición, promete resistir. “No retrocederemos. Seguiremos luchando por una educación abierta, inclusiva y libre de represiones ideológicas”, concluyó su portavoz en una declaración que marca el inicio de un nuevo capítulo en la confrontación entre la academia y la política.
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