Santo Domingo, RD.-

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, destacó la importancia de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) como herramienta para comprender la problemática migratoria y su evolución, con el objetivo de diseñar políticas públicas efectivas.

Tiempos de desafíos migratorios

Espinal señaló que vivimos en tiempos de grandes desafíos en materia migratoria, no solo a nivel global en lugares como Europa o Estados Unidos, sino también en República Dominicana con la crisis en países como Venezuela, Haití y Colombia que generan importantes flujos migratorios.

Plan Nacional de Regularización de Extranjeros

El consultor jurídico aclaró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) no tiene como objetivo otorgar la nacionalidad a los más de 240 mil beneficiarios, sino que busca obtener datos precisos y tener un mayor control sobre la situación migratoria en el país.

Procesos democráticos y abiertos

En relación a la participación del presidente Danilo Medina en la III Cumbre Empresarial de las Américas y la VIII Cumbre de las Américas en Perú, Espinal destacó los avances en transparencia y la implementación de mecanismos legales para prevenir y castigar actos de corrupción.

Leyes y decretos para combatir la corrupción

Espinal mencionó la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, que ha mejorado el sistema de compras y contrataciones en el país, así como el decreto 15-17 que establece la necesidad de contar con la partida presupuestaria disponible antes de iniciar un proceso de licitación.

Participación de pequeñas y medianas empresas

Gracias a estas iniciativas, se ha incrementado la participación de pequeñas y medianas empresas como proveedoras del Estado en la construcción de escuelas, estancias infantiles y otras obras públicas.

Fortalecimiento en la confianza y credibilidad ciudadana

El consultor jurídico reafirmó el compromiso del Gobierno en fortalecer el sistema desde el punto de vista normativo e institucional, así como en mejorar las prácticas para aumentar la confianza de la población en las instituciones públicas y en la justicia.