Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James lidera una coalición multi-estatal que lucha para garantizar que la independencia y soberanía estén protegidas en su esfuerzo por implementar leyes más severas que regulen la venta, compra y porte de armas en 13 estados de Estados Unidos.
James encabeza dicha coalición de los “Fiscales Generales Estatales” que buscan defender un fallo de la Corte de Apelaciones de EE.UU que sostenía que los estados y las municipalidades pueden imponer ciertos tipos de regulaciones sobre el uso de armas de fuego cuando están sustancialmente relacionadas con un importante objetivo gubernamental, como la protección de sus ciudadanos.
La funcionaria judicial neoyorkina cuenta con el apoyo de sus homólogos de Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.
“Mientras el presidente Donald Trump, sus aliados en el Congreso y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) no hacen absolutamente nada, nuestras escuelas, lugares de trabajo o centros religiosos se han convertido en campos de exterminio, debido al flujo libre de armas”, dijo James.
“No sólo estamos defendiendo el derecho de los gobiernos estatales y locales de promulgar medidas adaptadas a sus diferentes necesidades, sino, lo que es más importante, su capacidad para frenar la pérdida de vidas sin sentido que sigue atormentando la comunidad día tras día”, expresó.
La demanda impugna las regulaciones promulgadas en la ciudad de NY restringiendo el transporte de armas de fuego bajo una licencia local, a menos que las armas de fuego fueran descargadas, bloqueadas y transportadas por separado de las municiones, y siendo transportadas a los campos de tiro dentro de la ciudad.
James y sus homólogos alegan que el derecho que da la Segunda Enmienda de portar armas no impide que los estados y municipalices promulguen leyes que protejan la seguridad de sus residentes.
Los fiscales argumentan que la Corte Suprema ha dejado claro que los gobiernos estatales y locales en USA pueden adaptar sus normas de seguridad que regulan las armas de fuego para hacer frente a diversas circunstancias en cada jurisdicción local, que es lo que precisamente hizo NY.
