Santo Domingo. El exdiputado y empresario Virgilio Merán Valenzuela ha interpuesto una querella penal con constitución en actor civil contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida públicamente como “La Tora”, así como contra la señora Madelin De La Rosa, la empresa La Tora TV, S.R.L., y el canal televisivo Luna TV Canal 25.
La acción legal responde a una serie de declaraciones públicas realizadas a través de plataformas digitales y programas televisivos, en las cuales Merán Valenzuela fue vinculado, sin pruebas, a presuntas actividades delictivas, incluyendo narcotráfico, préstamos ilegales y tentativa de homicidio.
En un comunicado emitido esta semana, el exlegislador calificó estas acusaciones como “temerarias, irresponsables y profundamente ofensivas”, afirmando que atentan directamente contra su honor, integridad personal y trayectoria profesional, construida durante años mediante el trabajo honesto y el compromiso con el desarrollo social.
“No puedo, no debo y no voy a quedarme callado ante esta agresión pública y deliberada. Mi nombre será reivindicado”, expresó.
Merán Valenzuela confirmó que el proceso judicial está en marcha y que las pruebas que sustentan la querella han sido depositadas ante las autoridades competentes. Además, destacó que su lucha no solo busca una reparación personal, sino también sentar precedentes frente al uso abusivo de los medios de comunicación para propagar difamaciones sin consecuencias legales.
El exdiputado hizo un llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que protejan a las víctimas de violencia mediática, y exhortó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía a suspender transmisiones donde sistemáticamente se vulnera el derecho al honor de los ciudadanos.
También instó a los medios responsables a rechazar públicamente las prácticas de calumnia y descrédito disfrazadas de periodismo.
“Los micrófonos no pueden seguir siendo armas para destruir reputaciones. La libertad de expresión no puede ser excusa para la injuria y la mentira”, concluyó.
Esta acción legal, según señaló, representa un llamado a la responsabilidad mediática, a la defensa de la dignidad humana y al fortalecimiento del respeto mutuo en el ejercicio de la comunicación pública.
