VÍA CONTRARIA
Víctor Bautista
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Ser socialmente responsable es, para empresas ye, un factor esencial insertado en la estrategia de desarrollo y las operaciones de los negocios que buscan generar valor fortaleciendo sus intangibles, cada vez más determinantes para la permanencia con éxito en el mercado.
La rentabilidad como objetivo es clave, pero esta variable es sólo sostenible cuando se consigue a través de la calidad, buenas prácticas, respeto a la ley, cumplimiento, relaciones éticas con colaboradores, clientes, consumidores, proveedores, reguladores y competencia limpia, todo lo cual conecta con la responsabilidad social.
Ese conjunto de factores –más allá del filantropismo, que suele devenir en clientelismo corporativo, creador de parásitos sociales a través de la dádiva- eleva hoy en día el valor de las marcas, confiriendo aprecio público, admiración y blindaje reputacional ante las eventualidades y riesgos a los que se expone todo negocio.
Quiero dar un giro, quizás brusco, probablemente desconectado de lo anterior (si se le mira con superficialidad y atado a postulados teóricos y académicos), para hablar del empresario como ente políticamente responsable.
Los empresarios generan empleos, garantizan ingresos que impactan en el núcleo familiar, en la sociedad, y son creadores de riquezas, contribuyentes (con mañas o sin ellas) para el sostén del Estado, que da orden y sentido al conglomerado social. Ellos son partes relevantes en el destino de la nación, en la construcción de su historia.
Quienes son auténticos empresarios –excluyo a los forajidos corporativos, advenedizos, aventureros y oportunistas – querrán ver sus emprendimientos fortalecerse al paso de los años, preservar su patrimonio y lograr transiciones generacionales ordenadas sin que el negocio sucumba, tratando de controlar los ponderables internos y externos.
Por eso, un real empresario –no entrampado en el corto plazo- no debería ser ajeno a la política ni indiferente a las apuestas de poder que se organizan. Mucho menos auspiciar o patrocinar retrocesos, “tiguerajes políticos”, acogidos a promesas que podrían permitir un golpe rápido de liquidez, pero también un futuro incierto. Ser políticamente irresponsable puede acarrear grandes costos a las empresas.
