Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ La empresa dominicana de servicios de intérpretes “Domínguez SP Interpreters” y su propietario Randolph Domínguez son acusados de robar millares de dólares a dos agencias de préstamos pandémicos en una estafa usando COVID-19 al Gobierno de Estados Unidos.
Domínguez, de 57 años de edad fue citado a la corte federal de Boston en una fecha no determinada y de ser culpable enfrenta décadas en la cárcel.
Un comunicado del fiscal federal actuante de Massachusetts, Joshua Levy, dice que Domínguez usó su empresa para estafar a la Administración de Pequeñas Empresas bajo el programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), que le proporcionó préstamos a pequeñas empresas que sufrieron lesiones económicas sustanciales debido a la pandemia de COVID-19, según documentos judiciales. Domínguez que también ofrece servicios de relaciones públicas y comunicaciones, también estafó a la Agencia de Préstamos a Pequeñas Empresas (SBA), con $163,642 y $74,900 respectivamente, usando además números del seguro social de docenas de víctimas que involucró en las estafas, agregan los fiscales.
Domínguez, es acusado de un cargo por fraude electrónico y un cargo de robo de dinero del Gobierno.
En junio de 2020, Domínguez presentó una solicitud de préstamo en nombre de un negocio de intérpretes que poseía y operaba, “Domínguez SP Interpreters”, a la Administración de Pequeñas Empresas bajo el programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), que proporcionó préstamos a pequeñas empresas que sufrieron lesiones económicas sustanciales debido a la pandemia de COVID-19.
Recibió $74,900 en fondos EIDL de la SBA en julio de 2020 cuando afirmó falsamente en su solicitud que sus ingresos comerciales brutos eran $600,000 el año anterior, cuando solo eran $16,989.
Gastó incorrectamente todos los fondos de EIDL recibidos en gastos no comerciales.
Por separado, desde abril de 2001 hasta junio de 2022, Domínguez robó $163,642 en beneficios del Seguro Social, dijo el fiscal Levy.
El cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.
El cargo de robo de dinero al Gobierno conlleva una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.
Domínguez en sus redes sociales se promueve como un intérprete de tele trabajo (Freelance) en “Domínguez SP Interpreters”, con un local en el 60 de la calle Island, suite 115 en Lawrence, Massachusetts donde dirigía numerosos empleados.
En sus perfiles dice que trabaja en el área desde el primero de diciembre de 2017 hasta la fecha.
Estudió en el Colegio Comunitario Northern Essex Community College y en el Colegio Evangélico Central.
Dice que es originario de Methuen y actualmente estaba residiendo en Lawrence.
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