Santo Domingo, RD.- Dos organizaciones civiles emplazaron al Ministerios de Industria y Comercio y al Banco de Reservas a entregar los documentos que avalan la operación de compra y arrendamiento del edificio que ocupa el MICM, la cual ha estado rodeada de cuestionamientos.
Mediante sendos actos de alguacil notificados a ambas instituciones, las organizaciones se amparan en la ley 200-04 de libre acceso a la información pública.
El emplazamiento fue formulado por la Fundación Hostos para el Estudio del Caribe y Latinoamérica y la Oficina de Asistencia Legal e Inversiones Jurídicas (OFAL) a través de los abogados Ángel Moreta y Luis Bienvenido Duvergé.
Los actos fueron notificados al administrador general del Banco de Reservas, licenciado Simón Lizardo, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, arquitecto Nelson Toca Simó.
Reclaman a Banreservas que les sean suministrados copia del contrato de arrendamiento financiero con opción a compra y de los cheques que Industria y Comercio ha emitido para el pago de las mensualidades, así como el tiempo de vigencia del arrendamiento.
Asimismo, la documentación que avala la adquisición del inmueble al propietario original Diseño Integral y la autorización dada por el Ministerio.
Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron a los funcionarios emplazados que si un plazo prudente como establece la ley 200-04 y su reglamento 130-05, así como la ley 640-06 de compras y contrataciones públicas, recurrirán ante el Tribunal Superior Administrativo por vía del amparo.
Sostienen que lo solicitado está dentro del derecho que les asiste, y consideran que diez días es un tiempo prudente para que los organismos emplazados cumplan las disposiciones legales en ese sentido.
Recuerdan que el artículo 7 de la ley 200-04 establece que “la administración pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier órgano o entidad que ejerce funciones públicas y ejecute funciones y presupuestos públicos, está en la obligación legal de entregar a los ciudadanos o instituciones que lo soliciten, todas las informaciones necesarias sobre situación, actuaciones y datos”.
Enfatizaron en que las emplazadas son instituciones públicas que están sujetas al alcance de la ley.
La adquisición del inmueble para Industria y Comercio está envuelta en un litigio judicial entre los socios del proyecto que desarrolló la construcción.
