Santo Domingo. Elizabeth Silverio ha sido condenada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a siete años de prisión y al pago de RD$ 2 millones como indemnización a cada una de sus víctimas, tras ser acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
A pesar de la condena, su abogado, Waldo Paulino, afirmó que su defendida no ingresará a prisión de inmediato. “Elizabeth se va para su casa, no está presa, ni la van a meter presa porque tenemos el derecho de recurrir la decisión”, expresó Paulino al salir de la sala de audiencias. Añadió que la Corte de Apelación evaluará la condena y que planean apelar tan pronto como reciban la notificación oficial.
Paulino calificó la sentencia como complaciente, argumentando que se trataba de un caso mediático que merecía un análisis más profundo. El tribunal determinó que Silverio debe cumplir su pena en la cárcel de Najayo Mujeres.
El Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años de prisión, junto con el pago de 50 salarios mínimos y las costas penales del proceso. Según el artículo 147 del Código Penal Dominicano, la falsedad en documentos oficiales puede resultar en penas de tres a diez años de reclusión.
Las acusaciones contra Silverio
Elizabeth Silverio fue acusada de engañar a padres de niños, haciéndoles creer que era una profesional de la salud mediante la presentación de documentos falsos. Ofrecía atención psicoterapéutica, realizando consultas, evaluaciones, medicaciones y emitiendo informes con recomendaciones, utilizando un sello gomígrafo con un exequátur que resultó ser falso e inexistente.
Las investigaciones revelaron que los títulos universitarios que Silverio presentó eran falsificados y que no había cursado estudios en las universidades que mencionaba. Además, se le acusó de operar bajo una identidad corporativa falsa y de utilizar sellos y exequátur fraudulentos para respaldar sus servicios.
El Ministerio Público realizó allanamientos en la residencia de Silverio y en Kogland, S.R.L., donde se encontraron documentos fraudulentos. Los padres de los niños afectados coincidieron en que habían sido estafados al pagar por servicios no autorizados ni avalados por las autoridades competentes, lo que llevó a algunos a perder incluso el año escolar, generando un perjuicio económico considerable para sus familias.
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