Documentos revelan vínculo de batallones del Ejército colombiano con ‘falsos positivos‘, masacre indígena y violencia sexual
General Nicacio Martínez Espinel y su mando en la Décima Brigada Blindada
Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante en jefe del Ejército de Colombia, estuvo al mando de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. Durante este periodo, la Fiscalía vinculó a esta brigada con al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y El Cesar.
De estos casos, 23 ocurrieron mientras Martínez Espinel era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS describen episodios ya juzgados, algunos con sentencia firme, que apuntan a la responsabilidad de esa unidad militar en los llamados ‘falsos positivos’: asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate contra las guerrillas, especialmente las FARC.
Ascenso cuestionado y nuevas investigaciones
El Senado colombiano tiene previsto aprobar este miércoles el ascenso de Martínez Espinel a general de cuatro soles, la máxima distinción militar, tras ser nombrado comandante del Ejército en diciembre por el presidente Iván Duque. Sin embargo, la polémica crece tras la publicación de un informe en mayo por The New York Times, que reveló directrices internas para presionar a militares a mejorar resultados operativos, aumentando el riesgo de víctimas civiles.
Además, la Procuraduría General de Colombia abrió una investigación para determinar si las recientes decisiones del general han puesto en peligro a la población civil, generando dudas sobre su control cuando fue segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada.
La Décima Brigada Blindada en el foco de ejecuciones extrajudiciales
Según un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016), la Décima Brigada Blindada fue “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Durante 2005, bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), al menos dos batallones fueron vinculados a asesinatos ilegales, una masacre indígena y un caso de violencia sexual.
Casos emblemáticos de violencia y ejecuciones
El 21 de febrero de 2005, soldados del batallón La Popa colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios, según sentencia condenatoria.
El 12 de mayo, dos soldados del mismo batallón asesinaron en El Cesar a Dagoberto Cruz Cuadrados, una persona protegida, presentada luego como fallecida en combate. En 2017, la Fiscalía reabrió el caso y ordenó detenciones.
El 14 de mayo, una treintena de militares participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. Ambos fueron reportados falsamente como muertos en enfrentamiento con las FARC. Siete soldados recibieron condenas de 40 años.
Un caso similar ocurrió semanas antes en el municipio de La Paz, también en el Cesar.
Masacre en San Diego y violaciones a derechos humanos
El 20 de noviembre de 2005, en Parcelas del Tocaimo, San Diego (Cesar), miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa asesinaron a cuatro hombres del departamento del Atlántico. Fueron reportados como muertos en combate, pero la Fiscalía concluyó que la presencia militar no estaba justificada.
Respuesta oficial y rechazo político
El Gobierno y el equipo de Martínez Espinel han declinado hacer declaraciones directas. Sin embargo, el Ejército emitió un comunicado asegurando que el comandante “no tiene investigación, sanción o impedimento alguno” por parte de la Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni la Justicia Especial para la Paz en temas de derechos humanos.
Este ascenso ha generado una fuerte controversia política. Varias organizaciones no gubernamentales se oponen a la promoción del general, quien defiende su historial y afirma que en la época señalada sus funciones fueron administrativas, sin vínculo directo con operaciones señaladas.
Órdenes y recompensas durante su mando
El 5 de agosto de 2005, Martínez Espinel firmó una orden de recompensa por un millón de pesos colombianos (unos 260 euros actuales) para obtener información que derivó en “excelentes resultados operacionales”, incluyendo la baja de dos supuestos guerrilleros y la captura de otro.
Los documentos señalan dudas sobre si estos hechos ocurrieron durante el servicio activo de los militares involucrados. Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de dejar el mando, soldados de la brigada asesinaron y agredieron física y sexualmente a miembros indígenas en El Cesar, caso admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Compromiso del Estado colombiano con los derechos humanos
Durante el trámite ante la Corte Interamericana en 2014, el Estado colombiano expuso su “política de cero tolerancia con violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública”, así como su marco normativo para prevenir, sancionar y garantizar la reparación integral en casos de privación arbitraria de la vida y violaciones a personas protegidas.
Estos hechos ponen en evidencia los retos y controversias en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales y la protección de los derechos humanos en Colombia, especialmente en el contexto del conflicto armado.
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