Por Julissa Céspedes
Durante años, el Estado dominicano ha operado con una paradoja incómoda: sabe —porque lo ve, porque lo siente, porque lo padece— que parte de sus estructuras han sido utilizadas como mecanismos de extracción, y aun así ha preferido convivir con ello. No por ignorancia. Por conveniencia.
Los consulados fueron, durante demasiado tiempo, algo más que oficinas de servicio exterior. Se convirtieron en nodos de recaudación con dueños informales. En espacios donde el flujo constante de dinero —producto de la necesidad de miles de dominicanos en el exterior— encontró menos controles que beneficiarios. Donde el ingreso público dejó de comportarse como tal y comenzó a diluirse en discrecionalidades.
No era un secreto. Era, en el mejor de los casos, una verdad incómoda. Y en el peor, un acuerdo tácito.
Porque cuando una práctica irregular se sostiene en el tiempo, deja de ser una falla para convertirse en sistema. Y cuando ese sistema beneficia a estructuras políticas, deja de ser tolerado para ser protegido. Los consulados, en ese contexto, operaron muchas veces como piezas dentro de una arquitectura mayor: la del clientelismo sofisticado, donde los cargos no solo representaban funciones, sino oportunidades.
Oportunidades de recaudar. De manejar. De retener.
La reciente decisión de que los ingresos por servicios consulares retornen directamente al Estado no es un simple ajuste administrativo. Es, en términos reales, una intervención sobre una cultura. Una ruptura con una lógica que durante años permitió que el dinero público orbitara fuera de su centro natural.
Porque ese dinero nunca fue del cónsul. Ni del partido. Ni del grupo que lo promovió. Siempre fue del Estado. Y, por extensión, de los ciudadanos que lo generan.
Lo verdaderamente revelador no es la medida en sí, sino lo que deja al descubierto: que el Estado no solo tenía conocimiento de la distorsión, sino que había aprendido a coexistir con ella. A administrarla políticamente. A utilizarla como moneda de cambio, como incentivo silencioso, como parte del engranaje de lealtades.
Ahí radica el problema de fondo.
Cuando el saqueo se institucionaliza, ya no escandaliza. Se normaliza. Se justifica en la práctica. Se invisibiliza en el discurso. Y lo más peligroso: se integra al cálculo político como una variable más.
Por eso esta decisión incomoda. Porque no solo corrige un flujo financiero, sino que altera un equilibrio de poder. Toca intereses. Desarma inercias. Desmonta privilegios que se habían vuelto costumbre.
Y en ese proceso, inevitablemente, expone resistencias.
Pero hay algo más profundo en juego. Los consulados —más allá de su función administrativa— representan uno de los vínculos más directos entre el Estado y su diáspora. Son, para miles de dominicanos, la cara institucional del país en el exterior. Y permitir que ese espacio opere bajo lógicas de apropiación distorsiona no solo las finanzas públicas, sino la confianza misma en el Estado.
Cada dólar que no regresaba donde debía, era también una señal: la de un Estado que permite que lo suyo deje de serlo.
Corregir eso no es un gesto. Es una obligación.
Porque un Estado que no defiende sus ingresos termina renunciando, poco a poco, a su capacidad de servir. Y un Estado que se acostumbra a ser utilizado como botín, termina perdiendo su esencia.
Y aunque esta es una decisión que — ya se había decidido y anunciado antes- retomar la medida adoptada marca un punto de inflexión. No porque resuelva todo, sino porque rompe con algo que durante años se dio por inevitable.
Y cuando lo inevitable se desmonta, lo que queda al descubierto no es solo el problema, sino la responsabilidad de no volver a permitirlo.
Fuente: El Caribe.
