Al destituido exmandatario se lo señala por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado
El Congreso de Perú aprobó este viernes una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
La acusación se origina a raíz de un documento que había presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del año pasado. Ahora, la funcionaria judicial podrá formalizar la investigación e iniciar un proceso penal contra el destituido exmandatario de izquierda.
El informe final fue avalado por los parlamentarios por 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
El documento sostiene que Pedro Castillo es el presunto cabecilla de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y la compañía estatal petrolera Petro Perú.
El político acusado decidió no brindar sus descargos en la sesión debido a que requería una participación presencial en el pleno del Congreso. La defensa la asumió su abogado, Eduardo Pachas.
Con 59 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, por la que se acusa al expresidente Pedro Castillo.
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2023
📌El expediente será enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones. pic.twitter.com/5K7KA2uuhm
Castillo permanece detenido en la prisión de Barbadillo, Lima, desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido en forma polémica por el Congreso y detenido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
En la misma sesión, el Parlamento aprobó con 87 votos a favor y ninguno en contra acusar al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión.
Castillo sigue considerándose el presidente legal de Perú y dijo en una reciente entrevista con El Salto que teme por su vida y la de su familia. El exmandatario exige un proceso constituyente para el país y denuncia la represión llevada a cabo por la presidenta interina Dina Boluarte.
“En Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, ni política, ni civil”, declaró y aseguró que fue acosado y agredido por la derecha peruana desde la campaña por la segunda vuelta.
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