EE.UU. tiene la tradición republicana que privilegia la institucionalidad, limita el culto a la personalidad y coloca al ciudadano por encima de los títulos honoríficos

Roberto Valenzuela

Al llegar a sus 250 años de fundación, no podemos regatear méritos a la grandeza de Estados Unidos. Debemos quitarnos el sombrero ante tantas cosas positivas, como su sistema de justicia, el cual, una vez nacieron las 13 colonias, supo desarrollar un derecho moderno, más orientado al comercio, a partir del sistema judicial tradicional inglés llamado common law (derecho común). Denominado así porque seguía los mismos principios y normas jurídicas en todos los territorios controlados por la monarquía inglesa.

Existía —todavía existe— uniformidad, incluso en la forma de vestir de los jueces ingleses. Suelen usar una larga toga negra y, en muchas ceremonias o tribunales tradicionales, una peluca blanca elaborada con cabello artificial. Esta indumentaria conserva un estilo antiguo y solemne que simboliza la autoridad, la imparcialidad y el respeto por la justicia.

La grandeza de aquellas 13 colonias inglesas radica en que supieron tomar elementos tradicionales y adaptarlos a un sistema jurídico más dinámico, capaz de impulsar el comercio de una nueva nación que se expandía por el mundo, pasando de 13 colonias a 50 estados.

No fue solamente el sistema de justicia lo que cambió desde la proclamación de su independencia, el 4 de julio de 1776. Allí se consolidó el primer sistema democrático presidencialista o republicano del mundo. Los ciudadanos votan en elecciones para escoger a un presidente, legisladores y otras autoridades encargadas de gobernar y administrar el patrimonio público. Hasta entonces, la humanidad había conocido principalmente las monarquías, donde los reyes afirmaban recibir su poder de Dios y lo transmitían por herencia familiar.

Aunque son eminentemente cristianos, en su mayoría protestantes, el poder de decisión recae en los votantes. Es el país donde más elecciones se celebran, en muchos estados, incluso los jueces son escogidos mediante votación popular.

Antes de construir una carretera, una escuela, un hospital o cualquier otra obra costosa que implique endeudarse o cobrar más impuestos, se consulta a la población. Son los contribuyentes quienes tienen la última palabra y deciden con su voto si autorizan o rechazan el proyecto.

Para romper con la idea del poder sustentado en Dios y el rey, la nueva nación decidió apartarse de los títulos de nobleza como “Su Majestad”, “Su Excelencia” o “Excelentísimo”, con el propósito de evitar el culto a la personalidad, una práctica que equipara al gobernante con una figura casi divina. Este fenómeno ocurre cuando se presenta a un rey, dictador o líder político como una persona extraordinaria que nunca se equivoca y a quien todo se le debe. Para ello se utilizan retratos, estatuas, discursos y propaganda que exaltan constantemente su figura y desalientan las críticas.

Al presidente estadounidense, a los legisladores, embajadores y demás funcionarios simplemente se les llama “señor”. El principal impulsor de que los gobernantes y servidores públicos fueran tratados únicamente como “señor”, seguido de su nombre o cargo, fue el general George Washington, padre de la patria y primer presidente de la nación. Washington discrepaba en este aspecto con el vicepresidente y también padre fundador John Adams, quien consideraba apropiado utilizar algunos títulos honoríficos.

En Estados Unidos no es necesario acompañar el nombre de los funcionarios o ciudadanos con títulos profesionales como doctor, licenciado o ingeniero.