Los dominicano José Ramón Cruz, de 24 años de edad y Darwyn Joseph, fueron acusados en la corte federal de Boston por solicitar y recibir cientos de miles de dólares de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA), representando falsos pequeños negocios y usando identidades falsas, además de lavar parte del dinero en bancos de la República Dominicana, donde hicieron varias transferencias.
La fiscalía federal dijo en un comunicado que Cruz y Joseph, acudieron al programa de ayuda por la pandemia para Préstamos para Desastres por Lesiones Económicas de la SBA, aludiendo que ellos estaban siendo muy perjudicados por los estragos económicos del coronavirus.
Cruz, un residente de la ciudad de Methuen y Joseph quien vive en Lawrence, fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude por cable y un cargo de robo de identidad agravado.
Después de las primeras comparecencias en un tribunal federal, quedaron detenidos a la espera de audiencias de detención programadas para este miércoles 30 de diciembre 2020.
El Ministerio Público dice que los acusados estuvieron involucrados en una conspiración para usar información de identidad robada de ciudadanos de los Estados Unidos y solicitar el dinero a la SBA.
Joseph y Cruz utilizaron información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para abrir cuentas bancarias fraudulentas, que luego estaban vinculadas a otras cuentas también fraudulentas creadas para recibir los fondos de la SBA.
Los dos recibieron, a través de e-mail algunas de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las que se depositaron fondos de la SBA, y luego lavaron el dinero utilizándolos para comprar un gran número de iPhones para su reventa. Algunos fondos en relación con el plan también fueron transferidos a la República Dominicana, agrega el comunicado del fiscal federal.
Ambos recibieron más de $452,204 en fondos de la SBA y aproximadamente $250,000 se utilizó para comprar los iPhones en Massachusetts y New Hampshire.
El cargo de conspiración para cometer fraude por cable prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta de la ofensa.
El cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia obligatoria de dos años que debe cumplirse consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta, hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000.
El fiscal andrew E. Lelling y David Magdycz, agente especial interino a cargo de las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Boston hicieron el anuncio de los arrestos y las acusaciones en el comunicado.
Los fiscales federales adjuntos, Elianna Nuzum y Adam Deitch de la Unidad de Crímenes Mayores de la fiscalía federal en Boston están procesando el caso.
Por Miguel Cruz Tejada
