Tribunal de Santiago ordena libertad de tres exempleadas del hospital José María Cabral y Báez
Santiago, RD.- El Primer Tribunal Colegiado de Santiago dictó ayer la libertad de tres exempleadas del hospital José María Cabral y Báez, acusadas en 2017 de sustraer medicamentos valorados en aproximadamente dos millones de pesos.
Quiénes son las beneficiadas con la decisión judicial
Las liberadas son Solángel Celeste Taveras García, Francisca Isabel Ramírez y Jenifer Carolina Toribio. Las dos primeras trabajaban como encargadas de farmacia y almacén, mientras que Toribio se desempeñaba como enfermera en este centro hospitalario de Santiago.
Antecedentes del caso y medidas coercitivas iniciales
A finales de 2017, el juez del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, Luis Ernesto Torres Paulino, impuso tres meses de prisión preventiva a Taveras y Ramírez. Por su parte, a Toribio le dictaron presentación periódica ante la Fiscalía como medida cautelar. Estas acciones respondieron a la acusación de robo de medicamentos en el hospital Cabral y Báez.
Razones de la liberación: pruebas ilegales y defensa jurídica
El tribunal presidido por la magistrada Ingri Liberato decidió absolver a las imputadas, tras considerar los argumentos presentados por sus abogados, Francisco Hernández y Ángel Luciano. Según la defensa, el sometimiento se basó en pruebas obtenidas de manera ilegal, presentadas por el Ministerio Público y las autoridades del hospital.
Los abogados explicaron que el tribunal valoró las evidencias aportadas por la defensa, que demostraron que las pruebas de la parte acusadora no se ajustaron al principio de legalidad establecido en el Código Procesal Penal. Esta decisión marca un precedente importante en la protección de los derechos procesales de los acusados en el sistema judicial dominicano.
La liberación de estas tres exempleadas del hospital José María Cabral y Báez refleja la importancia de la correcta aplicación de los procedimientos legales en casos penales. Además, destaca el rol fundamental de la defensa en garantizar un juicio justo y el respeto a los derechos constitucionales.
