Bartolo García
SANTO DOMINGO, RD. – La defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, ha solicitado al tribunal la verificación minuciosa de una serie de documentos que forman parte de las pruebas presentadas en su contra en el marco del proceso judicial del caso Calamar. La petición busca sustentar una solicitud de nulidad del proceso, alegando la existencia de un supuesto fraude procesal.
La abogada defensora Laura Acosta cuestionó especialmente la legitimidad de una certificación emitida por la Superintendencia de Bancos el 24 de abril de 2024. Según afirmó, el documento presenta inconsistencias en sus fechas y manejo, lo que podría indicar que fue manipulado para justificar las imputaciones en contra de su representado.
En ese sentido, Acosta solicitó la comparecencia de una serie de testigos que tuvieron participación en la cadena de custodia y recepción del documento en cuestión. La defensa argumenta que estas declaraciones serán clave para determinar si se vulneraron los derechos del imputado mediante irregularidades en la obtención de pruebas.
Entre los convocados se encuentra Santiago Mejía Ortiz, Registrador Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, quien deberá testificar sobre la recepción y entrega de certificaciones utilizadas por el Ministerio Público.
Asimismo, fue citado Pedro Frías Morillo, director de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de establecer las fechas y el procedimiento utilizado para recibir la certificación bajo análisis.
También está llamada a declarar Valentina Suero de la Cruz, agente perito en administración y finanzas, quien habría tenido a su cargo la revisión técnica de dicho documento y su inclusión en el informe pericial.
Por otro lado, Yamily M. Pozo Núñez, agente táctica de la misma unidad, deberá ofrecer detalles sobre el tratamiento interno del informe pericial en el que se incluye la certificación.
El testimonio de Morelvyn Guerrero Nova, experto en tecnología e información, será utilizado para determinar si hubo alteraciones digitales en los documentos aportados por el Ministerio Público.
A la lista se suma Heiromy Castro, director de Cumplimiento del Banco de Reservas, quien deberá explicar los procedimientos y fechas de entrega de documentación remitida a las autoridades judiciales desde la entidad financiera estatal.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) también será parte de la revisión, ya que la abogada Melanie de la Cruz deberá testificar sobre su rol en la recepción de las pruebas cuestionadas.
La defensa solicitó además la declaración de Jenniffer Ortega, secretaria de la Dirección General de Persecución, para esclarecer su participación en la gestión del documento, y de Eliza María Cabrera, secretaria titular de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá validar la cadena de custodia judicial.
Según la defensa técnica de Castillo, estas comparecencias permitirán al tribunal verificar si se cometieron irregularidades procesales, lo cual podría sustentar la solicitud de nulidad del caso, una decisión que quedará a discreción de la jueza que conoce el expediente.
El caso Calamar implica a Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios en un presunto entramado de corrupción durante pasadas gestiones gubernamentales. Sin embargo, la defensa insiste en que no se ha respetado el debido proceso en la construcción de las pruebas en contra del exministro.
La jueza del tribunal deberá valorar la procedencia de estas declaraciones y establecer si existe mérito suficiente para revisar la validez de las pruebas o si el juicio continuará su curso normal.
Este nuevo giro en el caso añade una capa de complejidad al proceso, que ya ha captado gran atención mediática por su implicación en temas de corrupción administrativa y la participación de altos exfuncionarios del Estado.
