A poco más de un año de iniciar el gobierno para el que fue electo Luis Abinader está exhibiendo un extraordinario tránsito de político a estadista.
Se atribuye a Otto von Bismark u Oton de Bismark, estadista y político alemán a quien se apodo el “Canciller de Hierro”, decir que “el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación”.
El proceso de transformación de Abinader es interesante ya que prácticamente todos los que intervienen en política son políticos y muy pocos de ellos despuntan como estadista.
Hay quien piensa que como la política se ha ido poco a poco profesionalizando, no por la academia, sino por la práctica, los que se dedican a ella ponen más atención en la próxima elección, donde se determinará su futuro, y no en la próxima generación que cuando le toque elegir sabrá Dios donde estará el político de turno.
Abinader conoce la importancia histórica de lo que está haciendo, no está pensando en si le restara o le agregara votos en una eventual reelección, lo que le importa es “crear las bases de un nuevo Estado fuerte, plural y transparente, en que el ciudadano constituya el centro de la atención pública,” como el mismo lo afirmo al presentar el Plan Nacional contra la Corrupción y para la Recuperación del Patrimonio robado.
El verdadero cambio, que es el institucional, es lo que realmente propugna el presidente porque es la única manera de evitar que el porvenir de nuestro país dependa del capricho, las ambiciones políticas o los intereses económicos de un Mandatario apandillado en el Palacio Nacional y coqueteando con las mafias del crimen organizado.
El propósito de Abinader es el de impulsar un cambio profundo para establecer la transparencia y la modernización del Estado como herramientas acordes con los artículos siete y ocho de la Constitución de la Republica.
En esa misma línea de fortalecimiento de las instituciones se inscribe su propuesta de reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura excluyendo de su conformación al Procurador General de la Republica y la reorganización de del funcionamiento de las Altas Cortes para que sus jueces dependan de un régimen de ingreso, permanencia y alternancia ms riguroso.
En su visión de estadista el celo por la administración y uso de los recursos publicas debe ocupar un espacio prioritario y por ello propone la consolidación de los órganos encargados del control externo e interno de esos fondos haciendo de la Cámara de Cuentas y la Controlaría
General de la Republica órganos eficientes que funcionen sin influencias dañinas que perturben su proceder y les impida cumplir a cabalidad con su deber.
El presidente Abinader está buscando formular una ley que revolucione la jurisdicción administrativa y la convierta en una garantía en mano de los ciudadanos.
Mientras adversarios utilizan la subida de precios de la carne de pollo para ganar simpatías, Abinader mira más allá del horizonte y asume el compromiso de recuperar el patrimonio obtenido por actos de corrupción ocultado en fundaciones, organizaciones de pantalla y compañías inexistentes, para que ese sea devuelto a quien pertenece: el pueblo dominicano.
Cuando propone una reforma constitucional no lo hace para favorecerse a si mismo electoramente ni mucho menos para blindarse judicialmente ante eventuales juicios el día que salga del poder, busca sacar el partidismo e instaurar el apartidismo como criterio garante para la independencia del ministerio público haciendo más seguros y legítimos los procesos judiciales.
Abinader se muestra como un demócrata de altos vuelos y un estadista de fuste cuando establece con claridad que “vamos a agilizar los procesos administrativos, racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna”.
Ninguna Presidente en funciones en la etapa democrática de nuestras instituciones políticas, ha propuesto, como lo está haciendo Abinader, disminuir la discrecionalidad presidencial para que este no ejerza sus funciones como un semidiós todopoderoso dueño de la vida y la muerte de cada ciudadano.
De seguro no ha faltado quien le susurre al oído no hacer esto porque disminuye su poder y debilita su gobernanza, a lo que el presidente respondió en un acto el Palacio Nacional, diciendo que a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creara las bases de un nuevo Estado, uno fuerte, plural y transparente en el que el ciudadano constituya el centro de la atención pública.
Por Luis González Fabra
Jaime Gonzalez