La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que afectan al político, que gobernó el país andino entre 2002 y 2010. El tribunal, que concedió al exmandatario arresto domiciliario, investiga un expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios que favorecen al actual senador. Entre esas declaraciones figura la de un antiguo paramilitar que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe al nacimiento de un bloque de las autodefensas colombianas.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
Se trata de una decisión sin precedentes en Colombia. Uribe, fundador del actual partido de Gobierno, el Centro Democrático, y mentor político del presidente Iván Duque, ocupa actualmente un escaño en el Congreso tras convertirse en 2018 en el senador más votado en la historia del país. Su caso se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador progresista Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, se abstuvo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el congresista del Polo Democrático.
El propio Uribe confirmó la decisión de la Corte, que en términos jurídicos según la legislación colombiana es una “medida de aseguramiento”, a través de sus redes sociales. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió en su cuenta de Twitter. La investigación se centra en esta fase en determinar si personas vinculadas a él, como sus abogados, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas. Se trataba de Los 12 Apóstoles, que entre amenazas a la población, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano del expresidente, operaban según un grupo de testigos en una finca familiar.
