Organizaciones comunitarias y sociales en esta ciudad manifestaron condenar la vil agresión por parte de miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) a miembros de la prensa y al Defensor del Pueblo, cuando cumplían con su deber en la República Dominicana.
En un documento, las organizaciones “Somos Pueblo USA”, “Acción Rápida NY” y el “Movimiento Loma Miranda USA”, catalogaron la agresión de arbitraria, abuso de poder, violación a la libertad de expresión, y pisotear la institucionalidad en el país caribeño.
Los agentes de Digesett se opusieron tajante, agresiva y fieramente a que Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, quien, junto a periodistas, acudieron a las instalaciones del Canódromo a investigar las denuncias de corrupción existente allí. Ulloa ha descrito el lugar como un “antro de corrupción”.
Desconocer o pretender desconocer que el Defensor del Pueblo es una de nuestra figura jurídica amparada en la Constitución es quizás una aberración que no se le puede permitir a ningún funcionario y menos a una oficial de policía que dice ser profesional del derecho.
Asimismo, la agresión contra los periodistas es una violación a los derechos de libertad de expresión que tanta sangre ha derramado el pueblo dominicano a lo largo de su historia; materializado en la incautación de cámaras y celulares a los comunicadores.
Por tanto, nosotros como defensores de los derechos ciudadanos y organizaciones comprometida con guiar nuestro país con un régimen de derechos y donde se castigue el delito, demandamos:
“Eliminación definitiva del Canódromo como centro de retención vehicular, para eliminar ese “antro de corrupción” al servicio de sectores oscuro en el país”.
“Disponer de una investigación, dirigida por el Ministerio Público y asistida por una comisión mixta de altos oficiales de las diferentes instituciones armadas, de manera que la misma no recaiga solamente en la comisión de la PN”.
“Que la coronel Ysabelita de los Santos sea desvinculada de la institución y sometida a la justicia civil, porque es reincidente en actos reñidos con la ley”.
Además, recordaron la Ley Institucional de la PN que en su Artículo 2 establece: “El objetivo de su creación es proteger la vida, integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público y social, a fin de contribuir a la consecución de la paz social y el desarrollo económico sostenible del país.
Entre los firmantes figuran Dayanara Borbón, Radhamés García, Bélgica González, Frank Tavárez, Leonardo R. Guzmán, y Elsa Camacho, entre otros.
Por Ramón Mercedes
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