Bartolo García
Santiago, R.D. – La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) levantó este martes una voz de alerta sobre lo que considera el principal obstáculo para el desarrollo inmobiliario en la región: los extensos retrasos en la emisión de autorizaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA).
Según la entidad, los permisos ambientales, que legalmente deberían resolverse en un plazo de 30 a 60 días, están tardando hasta 24 meses, incluso cuando los expedientes están completos y cuentan con las evaluaciones técnicas requeridas. Esta situación —dicen— paraliza inversiones millonarias, retrasa empleos y mantiene detenidas miles de viviendas ya planificadas.
“El permiso ambiental es el primer paso para cualquier proyecto. Si no se emite, ninguna otra gestión técnica o fiscal puede avanzar”, explicó el presidente de APROCOVICI, ingeniero Sandy Rodríguez. “Esto no solo afecta a los constructores, sino a toda una cadena económica que incluye ingenieros, albañiles, suplidores, y sobre todo, a miles de familias que esperan por una vivienda”.
Rodríguez agregó que los desarrolladores de Santiago, Puerto Plata y otras provincias del Cibao han expresado su frustración por la falta de respuestas, la ausencia de seguimiento institucional y la necesidad de trasladarse repetidamente a Santo Domingo “para simplemente obtener una cita o saber si su expediente está sobre un escritorio”.
La organización subraya que el sector construcción representa el 38 % del PIB en la región norte, siendo el mayor aporte a nivel nacional. Esta ineficiencia administrativa, según sostienen, está estrangulando una industria clave para la economía dominicana.
“Creemos en el desarrollo sostenible y en la protección ambiental. Pero eso no justifica la parálisis de proyectos durante años. El proceso debe ser justo, técnico y oportuno”, manifestó Rodríguez.
En ese sentido, APROCOVICI propuso una serie de medidas para solucionar el problema, incluyendo la optimización del departamento regional del Ministerio de Medioambiente en Santiago, al cual se le debe otorgar capacidad operativa plena para emitir permisos de forma descentralizada.
Además, solicitan que se nombre personal técnico calificado que pueda brindar atención directa a los desarrolladores y explicar con claridad las causas del estancamiento de cada expediente, estableciendo plazos claros y trazabilidad pública en cada fase.
“Lo que hoy enfrentamos es una crisis de gestión. Y como gremio estamos dispuestos a colaborar para transformarla en una oportunidad de mejora estructural”, indicó el presidente de APROCOVICI.
También sugieren la creación de una mesa técnica interinstitucional entre Medioambiente, los gremios de la construcción y los gobiernos locales para resolver expedientes pendientes y rediseñar los procesos de autorización ambiental.
“Hay que eliminar la discrecionalidad y la falta de respuesta. El sector privado necesita reglas claras y plazos ciertos para operar. No podemos permitir que la vivienda, que es una necesidad básica, esté sometida a trabas burocráticas por tiempo indefinido”, enfatizó Rodríguez.
La Asociación también advirtió que, de no corregirse esta situación, podrían verse obligados a paralizar temporalmente nuevos desarrollos, afectando aún más la oferta de viviendas y el dinamismo económico de la región.
Finalmente, APROCOVICI reiteró su compromiso con el crecimiento urbano ordenado y el respeto al medioambiente, pero insistió en que eso solo se logrará si existe voluntad política para modernizar y hacer eficiente el sistema de permisos en la República Dominicana.
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