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Al presentar las memorias enero-junio 2021, ante la sesión del Consejo Ampliado de este martes, el doctor José García Ramírez, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), afirmó que están cambiando el paradigma de todos los centros de atención del país por la gran importancia que tienen en la preservación de una vida digna.

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El funcionario dijo que al “llegar al Conape pusimos en marcha un plan para  promover el conocimiento de la Ley 352-98 en todos los sectores nacionales, a través de las gobernaciones civiles, realizando Media Tours por decenas de medios de comunicación y distribuyendo ejemplares por diferentes vías.

Sostuvo que esta ley es la herramienta que permite la preservación de los derechos fundamentales de los envejecientes, “pero entendemos que debe ser modificada porque adolece de un régimen de consecuencia para proteger adecuadamente a los envejecientes de nuestro país”.

Durante un acto encabezado por los miembros del Consejo Directivo del CONAPE y la participación de diversas personalidades, expuso las memorias de los primeros seis meses de ejecución del presente año, destacando las diferentes modalidades de acogida que ofrece el organismo a los envejecientes.

Indicó que los Centros de Día ofrecen servicios, capacitación y recreación a los adultos mayores de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde; los centros permanentes las 24 horas del día; los ASFL los operan las denominadas ONG y los centros privados ofrecen servicios personalizados de manera privada.

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Resaltó que el presupuesto de la nación del 2021 es de un billón noventa y cuatro mil ochocientos ocho millones cuatrocientos dos mil trecientos noventa y un peso                                      (RD$1,094,808,402,391.00), lo que evidencia que el sector de los adultos mayores, de acuerdo al último censo compuesto por el 11.5 por ciento de la población dominicana, sólo recibe proporcionalmente el 0.0006 por ciento de este presupuesto.

 Agregó que con su llegada CONAPE “hemos modificado protocolos y algunas modalidades de operación de estos centros para cumplir con lo establecido en la Ley 352-98 y ajustarlos al cumplimiento de misma”.

Dijo que el departamento de ingeniaría de CONAPE inició un inventario en cada centro, para adecuar sus estructuras a las necesidades de los envejecientes que reciben servicios en los mismos, de manera que no pongan en riesgo su integridad física.

García Ramírez relató sus desempeños y algunos planes de la institución durante la reunión del Consejo de este mes, en la que participaron José Antonio Matos, viceministro de salud, en sustitución del ministro Daniel Rivera, presidente del Consejo; Nurys Presbot, secretaria; María Cristina Camilo, representante de los envejecientes; Miguel Haché, representante de la Iglesia católica, Marianela de la Cruz, representante de las ONG, Jacobo Fernández, cónsul general de la República Dominicana en Miami y otros miembros, funcionarios y personalidades,

“El CONAPE mantiene el enfoque del gobierno del presidente Luis Abinader, que es el beneficio de la gente, y por ello se trazó la meta de disponer de un centro de día en cada provincia del país, para garantizar el desarrollo integral los envejecientes de toda la geografía nacional”,  agregó.

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Sostuvo que la idea es “mantener a esta población activos, participativos y protegidos, ya que esto les permitirá auto gestionarse y con ello lograr que no necesiten reclusión permanente en un centro de acogida y pueden mantenerse en su núcleo familiar el mayor tiempo posible” dijo el funcionario.

También se refirió a la planta física de la sede central de CONAPE, ubicada en la calle Santiago No. 4, Gascue, de la cual dijo que no responde estructuralmente a las necesidades de la institución, por lo que se plantea obtener un nuevo local  donde los  adultos mayores reciban los servicios cómodamente y los empleados laboren en condiciones apropiadas.

Finalmente las autoridades de CONAPE muestran regocijo por treinta y tres nuevos acuerdos interinstitucionales que han firmado con instituciones diferentes, los cuales permiten eficientizar los servicios e involucrar más actores al trabajo directo con los adultos mayores en la Republica Dominicana.

Esta acción va cónsona con Ley 352-98, que establece que la familia, la comunidad, la sociedad civil y el Estado Dominicano, tienen el deber de garantizar los derechos de los adultos mayores y estos convenios permiten establecer las normas de ejecución de los aportes de distintos sectores para suplir las necesidades de esta población.

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