Reynaldo Peguero
Al fin el Comisionado Ejecutivo para Reforma Policial, José Pepe Vila del Castillo, ha declarado muy bien. Su declaración es coherente con su plan operativo trabajo. Le había indicado en sesiones de trabajo, que tenía que presentar datos y lo hizo. Corrupción dentro de la policía y su generalato, es pan nuestro de cada día. Aquí y en el mundo entero.
Cualquier película de Hollywood o del cine alternativo, dramatiza cómo todos los órganos policiales llevados a la pantalla están corrompidos. Esos datos Vila del Castillo son los informes de avances y logros del proceso de transformación y profesionalización del cuerpo del orden público, correspondiente el año 2022. Sobre esa corrupción es que debe construirse un nuevo cuerpo policial.
Un ciclo de proclamas, cumplimientos mediocres y nuevas acciones dispersas, caracterizan los pasados 20 años de lucha contra la violencia. En cinco años, se registran 23,159 muertes accidentales y violentas. Para OPS una buena tasa de control es 0 a 5 homicidios por 100,000 habitantes/año, cuando excede 8 se declara epidemia de violencia. Tenemos dos décadas en epidemia, siendo la sostenibilidad, la gran ausente en las políticas públicas.
Desde el uniforme gris hasta la utilización del “rameado de guerrilla” son síntomas periféricos de una situación que debe resolverse para devolver confianza a la Policía Nacional. Con excepciones plausibles, decenas de generales y coroneles deben seguirse retirando. Una masa crítica de jóvenes oficiales tiene que encabezar las transformaciones. Asimismo, modernizar el equipamiento y mejorar la estructura física de 100 cuarteles de Santiago, DN y municipios. Cambiar los uniformes grises originarios en la dictadura y mejorar la tecnología y equipos de cada policía.
La operatividad del Comisionado para la transformación policial debiera pasar de lo nacional a lo local. Este organismo puede llegar a provincias y municipios para impulsar la promoción y capacitación de los órganos policiales y la sociedad civil.
En 2010 la tasa de homicidios por 100 mil habitantes estaba 26.3. En este 2022, ronda los 10.3. Una de las más baja de América. Pero en feminicidios y accidentes de tránsito, tenemos cifras neurálgicas.
Se conoce que la Policía Nacional desde 1936 hasta 2022, tuvo ocho reformas. En la mayoría, la sociedad civil brilló por su ausencia. Hoy, debiera impulsarse una sincera alianza entre Estado y dirigentes comunitarios. Involucrarlos en vigilancia epidemiológica. Iniciativa para impulsar por los ministerios del Interior y Salud Pública, órgano que domina las ciencias de la epidemiología.
El Ministerio de Interior en los pasados 30 años, tuvo decenas de ministros que llegaron con su librito debajo del brazo. Muy pocos se concentraron en los fracasos de sus antecesores. Se impone construir red comunitaria de prevención de violencia. Desde la ejecutada contra mujeres y familiares; la relacionada con robos, sicariato, la derivada de conflictos interpersonales y accidentes de tránsito.
Liquidar, lesionar y torturar delincuentes por encima de la ley, es la fórmula más elemental para reducir la violencia. Si el malhechor, más que un ser humano en crisis es una bacteria, entonces lo más obvio será seleccionar el mejor antibiótico para eliminarla. Esa receta además de violatoria de los derechos humanos es insostenible. Los ejemplos sobran, desde Uribe hasta Bukele.
Sabemos que, en este gobierno, la reforma policial es prioridad. Cambios que deben instalar la vigilancia epidemiología comunitaria como guía. Epidemiología como modo de trabajo en la sede principal del ministerio. En cada regional policial, delegación barrial y cuartel.
La inserción de 3,000 nuevos policías con buenos salarios en los deteriorados 578 destacamentos policiales nacionales será inefectiva, si no modernizamos estas estructuras. Con agua corriente, sanitarios, condiciones logísticas, tecnología, equipos y mapas. Oportuno sería priorizar 116 destacamentos de Santiago y Santo Domingo, ciudades más afectadas por brotes periódicos de violencia.
Si la vigilancia epidemiológica como herramienta, se incluye en la reforma policial, el empirismo de liquidar delincuentes quedará olvidado. Corresponde a la epidemiología recolectar a tiempo la información crítica y anticiparse a brotes activados cíclicamente. Vía encuestas aplicadas por comunitarios se monitorea magnitud y distribución de diferentes formas de violencia y comportamientos de riesgo. Igualmente se fomentan factores de protección y riesgo.
El Ministerio de Salud Pública sabe mucho de eso y puede apoyar con sus técnicos y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Finalmente, proponemos crear en municipios, 10 casas de acogida para mujeres agredidas. Para los implicados en acciones violentas, organizar programas de responsabilidad con la paz familiar. En vez de privarlos de libertad, someterlos a terapia grupal vigilada con aplicaciones tecnológicas de control. El Comisionado debiera ponerse en eso tambien.
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