Bartolo García
El Comité Olímpico Internacional (COI) aplicará desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 una nueva política que limitará la participación en la categoría femenina a atletas que cumplan criterios de elegibilidad basados en el sexo biológico, mediante una prueba única para detectar la presencia o ausencia del gen SRY.
La normativa fue aprobada por la Junta Ejecutiva del COI el 26 de marzo de 2026 y abarcará todas las disciplinas del programa olímpico, tanto individuales como de equipo. El organismo precisó que la medida no será retroactiva, por lo que no modificará resultados ni medallas obtenidas en ediciones anteriores.
El proceso de elegibilidad se realizará mediante una prueba del gen SRY, normalmente localizado en el cromosoma Y y asociado al inicio del desarrollo sexual masculino. Según el COI, podrá efectuarse con una muestra de saliva, hisopo bucal o sangre y, salvo situaciones excepcionales, será necesaria una sola vez durante la carrera deportiva.
Las atletas que obtengan un resultado negativo para el gen SRY cumplirán permanentemente con este requisito para competir en la categoría femenina. Quienes obtengan un resultado positivo no serán elegibles, salvo excepciones relacionadas con determinadas diferencias del desarrollo sexual, como el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras condiciones específicas contempladas por la política.
La medida implica que las mujeres transgénero que, según los criterios del COI, sean biológicamente masculinas no podrán competir en las pruebas femeninas, aunque el organismo aclaró que las personas transgénero no quedan excluidas de los Juegos y podrán participar en otras categorías para las que cumplan los requisitos correspondientes.
La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha defendido la política bajo el argumento de que busca proteger la equidad, la seguridad y la integridad de la categoría femenina. El organismo sostiene que incluso pequeñas diferencias físicas pueden resultar determinantes en el deporte de élite y que las federaciones deberán implementar sus propios mecanismos siguiendo estas directrices.
La decisión ha reavivado el debate internacional sobre los límites entre elegibilidad deportiva, inclusión, privacidad y derechos de las atletas. Mientras sus defensores consideran que establece criterios uniformes para la competencia femenina, organizaciones y voces críticas han planteado preocupaciones éticas, legales y científicas sobre el uso de pruebas genéticas y su impacto en atletas transgénero y con diferencias en el desarrollo sexual.
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