Por Pavel De Camps Vargas

Han pasado 26 años. Más de un cuarto de siglo en el que República Dominicana ha reformado su Constitución cuatro veces, ha aprobado más de 150 leyes trascendentales, ha modernizado su sistema financiero, digital, migratorio, judicial y de seguridad…
Y sin embargo, sigue sin poder —o sin querer— aprobar un nuevo Código Penal.

El dato no solo es escandaloso. Es una bofetada directa a la inteligencia ciudadana.
Una afrenta al Estado de derecho. Una evidencia brutal de la disfuncionalidad política que se disfraza de democracia funcional.

Como lo ha dicho con claridad el doctor Ricardo Nieves:

“¿Cómo es posible que se aprueben leyes en días… pero el Código Penal siga en el limbo desde hace más de dos décadas?”

Esa pregunta no es retórica. Es un grito ético.
Un juicio contra una clase política que ha demostrado ser ágil para legislar a su favor, pero estéril cuando se trata de modernizar las normas que rigen el delito, la justicia y la protección de las víctimas.

¿Qué se esconde tras este retraso?
¿Es solo incapacidad legislativa o una estrategia deliberada para mantener la impunidad funcional?
¿Quién gana realmente con un Código Penal obsoleto?
¿Y por qué nadie, en 26 años, ha asumido el costo político de hacer lo correcto?

Una ley atrapada en la historia

El Código Penal vigente data de 1884. Aunque ha recibido reformas parciales, su arquitectura legal no responde al siglo XXI. No tipifica claramente feminicidios, delitos de odio, crímenes digitales, corrupción pública moderna ni delitos ambientales.

Desde 1997, se han introducido más de 10 versiones de reforma integral. Todas han muerto en el Congreso.

¿Por qué no se aprueba? Las respuestas incomodan

1. Porque polariza. Las tres causales del aborto han convertido el proyecto en un campo de guerra moral.
2. Porque nadie quiere asumir el costo político. Ni diputados ni senadores se arriesgan a contrariar a iglesias, grupos conservadores o feministas.
3. Porque no conviene a todos. Un código moderno pondría límites reales a la corrupción, al abuso de poder y al delito político disfrazado.
4. Porque no hay presión social suficiente. Mientras los ciudadanos se indignaron en redes, el Congreso sobrevive a punta de indiferencia y falta de consecuencias reales.
   
   

Un Congreso que sí legisla… pero selectivamente

Desde el año 1999, en República Dominicana se han aprobado leyes fundamentales:

• Reformas constitucionales en 2002, 2010, 2015 y 2024,
• Leyes de ciberseguridad, protección de datos, extinción de dominio,
• Transformaciones en telecomunicaciones, justicia, seguridad social, transparencia,
• Y decenas más en sectores como energía, infancia, medio ambiente y comercio.

La maquinaria legislativa funciona… pero selectivamente. Cuando se trata de modernizar el sistema electoral, de aprobar presupuesto o de crear un nuevo distrito judicial, los consensos aparecen como por arte de magia. Pero al momento de actualizar el Código Penal —una pieza clave para combatir la impunidad, tipificar nuevos delitos y garantizar derechos—, el Congreso parece detenerse en el tiempo.

Aquí puedes ver una tabla que incluye las leyes y reformas en República Dominicana (1999–2025). Están ordenadas por impacto e importancia:

En paralelo al estancamiento del Código Penal, el Congreso Nacional ha aprobado leyes profundas en casi todos los sectores:

• Constitución (2002, 2010, 2015, 2024)
• Ley de Extinción de Dominio (2023)
• Ley de Ciberseguridad (2024)
• Ley de Protección de Datos (2021)
• Ley de Movilidad y Tránsito (2017)
• Ley General de Migración (2004)
• Ley de Seguridad Social (2001)
• Ley de Transparencia (2004)
• Ley de Inclusión para TEA (2023)

Pero el Código Penal… sigue esperando.

La trampa del statu quo

Lo que está ocurriendo no es una simple “dificultad técnica”. Es una parálisis inducida. Se legisla para modernizar sectores económicos, fiscales y tecnológicos, pero se evita reformar la ley madre del sistema penal porque toca intereses incómodos.

Y ese retraso no es gratuito. Tiene consecuencias directas:

• Miles de casos de violencia de género quedan impunes o mal tipificados.
• No se puede castigar el acoso en redes ni los delitos de suplantación digital.
• No hay respuesta penal adecuada para la corrupción estructural del Estado.
• Se violan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Ricardo Nieves lo dijo claro: “No quieren, no les conviene”

Más allá de la retórica, la realidad es esta: la clase política dominicana no ha tenido la voluntad de reformar el Código Penal, no por falta de capacidad, sino por cálculo político.

Y esa omisión tiene nombre: cobardía legislativa.