Cancillería considera que el informe de Derechos Humanos es “subjetivo y parcial”

Cancillería Dominicana
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SANTO DOMINGO, RD.- La Cancillería de la República Dominicana manifestó este sábado su disconformidad y desagrado con el informe presentado en el país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Plan Nacional de Regularización que desarrolla el Tribunal Constitucional dominicano.

En un comunicado enviado a los medios, la entidad manifestó que el informe de Derechos Humanos muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país.
La Cancillería reiteró su compromiso con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional.
Destacó que el Gobierno está actuando con apego al orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal.
“Agradecemos la mención que la CIDH realiza en torno a los avances logrados en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos en nuestro país.  Sin embargo, lamentamos el escaso reconocimiento y relevancia que la Comisión otorga a los esfuerzos realizados por el gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la situación planteada por dicha sentencia”, destaca el comunicado.
“Entendemos, además, que poner en marcha el Plan de Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda la población residente en nuestro país”, agrega.
Resalta que el objetivo de las autoridades dominicanas es contar con una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular. Indica que esto permitirá, tanto ejercer la soberanía nacional, como dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen.
Recordó que en adición a esto, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los individuos en nuestro país, el gobierno trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización Especial.
“Queremos también señalar que, si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse”.
En ese sentido, destacó que cualquier víctima de abuso o discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar cualquier hecho de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de Derecho.
En lo relativo a la situación de marginalidad y pobreza en la que se encontrarían muchos migrantes en la República Dominicana, “es justo señalar que, lamentablemente, es una situación compartida con miles de ciudadanos dominicanos que aún viven en condiciones de pobreza. Esto no ha impedido, sin embargo, que nuestro país extienda solidariamente servicios como los de salud pública o educación a más de medio millón de migrantes”.
“En este contexto, deseamos resaltar que el gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha un programa de gobierno cuyos ejes centrales son el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Programa que beneficia por igual a todos los habitantes del territorio, independientemente de su origen”.

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