Bartolo García
La llegada de Mayra Jiménez a la Dirección General de Dirección de Desarrollo Social Supérate ha estado marcada por denuncias internas de cancelaciones masivas que han generado preocupación entre empleados y colaboradores de la institución.
De acuerdo con testimonios ofrecidos por personal afectado, las desvinculaciones ya superarían las 100 personas, presuntamente ejecutadas sin procesos previos de evaluación ni comunicaciones oficiales que expliquen los criterios utilizados.
Jiménez fue designada en el cargo mediante decreto del presidente Luis Abinader el pasado 6 de enero de 2026, y juramentada un día después por la vicepresidenta Raquel Peña.
Desde entonces, según las denuncias, se habrían producido salidas abruptas que han creado un ambiente de incertidumbre dentro de Supérate, programa que impacta directamente a miles de familias en situación de vulnerabilidad en todo el país.
Los empleados aseguran que muchas de las cancelaciones se realizaron sin previo aviso y sin que mediara una explicación formal, lo que ha incrementado el malestar y la percepción de inestabilidad institucional.
Una de las áreas señaladas como más afectadas es el departamento de Comunicaciones, cuyo equipo completo habría sido desvinculado en su totalidad tras la incorporación de una nueva directora.
Según las versiones internas, la dirección de Comunicaciones fue asumida por Carolina Acuña, quien anteriormente ocupó esa misma posición en el Ministerio de la Mujer durante la gestión de Jiménez en esa entidad.
Esta situación ha reforzado entre algunos colaboradores la percepción de que los cambios responden más a movimientos administrativos que a evaluaciones de desempeño, aunque hasta ahora no existe una posición oficial detallada al respecto.
El clima de preocupación se ha extendido a distintos niveles de la institución, donde empleados temen nuevas desvinculaciones y cuestionan la falta de información clara sobre la reestructuración en curso.
Mientras tanto, sectores internos esperan que la dirección de Supérate ofrezca explicaciones transparentes sobre las decisiones tomadas, al tiempo que se preserve la estabilidad de un programa social considerado clave para la protección de poblaciones vulnerables en la República Dominicana.
