Javier Ordóñez, abogado bogotano de 43 años, falleció en la madrugada de este miércoles después de ser brutalmente agredido por dos policías que pretendían trasladarlo para su detención por estar en estado de alicoramiento en la calle.
El procedimiento, que quedó registrado en video y se volvió viral por redes sociales, muestra como los agentes agreden a patadas, puños, y repetidos choques eléctricos con una pistola taser a Ordóñez, que rendido en el piso suplica “por favor” que no lo sigan electrocutando.
Testigos que grabaron el video también les rogaban a los policías que dejaran de darle descargas eléctricas, las cuales no se detuvieron por un lapso de cinco minutos aproximadamente.
Bogotá, 9 sep (EFE).-
Después los patrulleros procedieron a llevarse a Ordóñez, completamente vencido, en un vehículo de la policía para trasladarlo al CAI (estación de Policía). Con él también trasladaron a otra persona que estaba grabando el procedimiento, a quien quitaron el celular y esposaron.
Los hechos sucedieron en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá en Bogotá, y de acuerdo con el coronel Carlos Amaya, comandante operativo de la Policía, se desencadenaron porque los agentes fueron llamados al sector por el reporte de una riña.
De acuerdo con el coronel cuando llegaron los dos uniformados encontraron a ocho personas en aparente estado de alicoramiento y al tratar de dispersarlos estos reaccionaron violentamente.
“La policía debe someterlas y unas personas son conducidas al CAI. Una presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales. La policía informa al cuerpo de investigación criminal, quien va a realizar los actos respectivos de levantamiento y la investigación sobre este caso. La policía también advierte a su unidad de asuntos disciplinarios para esclarecer lo que tenga que ver con el lamentable fallecimiento de este ciudadano”, afirmó el coronel Amaya.
La versión contrasta con la de otros testigos de los hechos que estaban con el abogado Ordóñez los cuales en diálogo con Blu Radio relataron así lo ocurrido: “Estábamos compartiendo unos tragos, salimos a comprar más. Pasó una patrulla y nos pidió documentos, se los pasamos. Uno de los oficiales le dijo a mi amigo: ‘de esta no se salva’. Mi amigo (Javier) le dijo, pues les pago el comparendo. Si sintieron agredidos no era el hecho para que le dieran los cinco choques eléctricos”.
De acuerdo a este testimonio, una vez en la estación a Ordóñez y al otro hombre que se llevaron con él los habrían “molido a golpes”, agravando su estado de salud.
“Cuando llego al CAI mi amigo estaba desmayado y mi otro amigo, el que habían esposado, el que estaba grabando, me dijo: “lo acaban de moler a golpes”. Les dije que me ayudaran a llevarlo al menos a la clínica. Si no llego ni siquiera lo llevan. Lo subimos a la patrulla, llegamos a una clínica y el médico salió casi inmediatamente dijo que había fallecido”, contó el testigo, quien resaltó que el médico que atendió a su amigo dijo que la muerte era producto de los golpes propinados.
“Lo mataron en el CAI de Villa Luz”, dijo también Elvia Bermúdez, tía del abogado fallecido a la misma emisora radial.
Ella sostiene que alrededor de la 1:00 a.m. el celador de su edificio la llamó a informarle que a su sobrino lo estaban golpeando dos policías. “Mi sobrino estaba departiendo con dos amigos más en el apartamento, yo no sabía”, afirmó.
Dijo que después de las múltiples descargas con el taser y los golpes que ella misma vio, los policías le mintieron porque afirmaron que llevarían a Ordóñez a la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) La Granja.
“Resulta que fue mentira porque se lo llevaron para el CAI de Villa luz, en el CAI de Villa Luz fue donde lo mataron (…) Quiero que este caso no quede impune, que castiguen a esos policías matones”, agregó.
La muerte de Javier Ordóñez vuelve a levantar críticas frente a los procedimientos policiales y el uso desmedido de la fuerza en ellos. En menos de un año se han presentado dos casos icónicos de abuso policial, como lo fue el asesinato a Dilan Cruz en medio de las protestas del Paro Nacional en noviembre de 2019 o la muerte de Anderson Arboleda a principios de junio tras una brutal golpiza a manos de la Policía.
Sobre el caso ya ha habido pronunciamientos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazando lo ocurrido y anunciando investigaciones y sanciones.
López afirmó que el Distrito prestaría todos sus servicios de acompañamiento psicosocial y jurídico a la familia de la víctima para elevar un proceso judicial contra los policías agresores, además de asegurar que se empezará un trabajo conjunto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para reformar la institución policial en la capital colombiana.
Holmes, por su parte, rechazó los hechos y dijo que son contrarios a la vocación de la institución, reiteró que se adelantará una investigación para esclarecer esta situación y sancionar a los implicados si hubiere lugar.
De acuerdo con las autoridades policiales los dos agentes agresores fueron retirados de las calles y trasladados a “labores administrativas”, una medida que ha causado rechazo en la opinión pública al considerarla menor ante la gravedad de los hechos.
El caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación que le dio prioridad a la investigación por “presunta irregularidad en procedimiento policial en la ciudad de Bogotá”.
