Bartolo García
La Alcaldía de Santiago informó que este viernes el tribunal conoció la revisión de la medida de coerción impuesta a Suleiny Esther Amador, una de las personas imputadas en el proceso judicial relacionado con un fraude electrónico mediante el cual fueron sustraídos RD$3,435,120.00 de una de las cuentas bancarias del cabildo.
De acuerdo con la institución, el caso se originó el 24 de abril de 2026, cuando la Gerencia de Investigaciones Electrónicas del Banco de Reservas (Banreservas) detectó un acceso no autorizado a una de las cuentas del Ayuntamiento de Santiago. Como resultado de ese hecho fueron realizadas cinco transferencias electrónicas por un monto total de RD$3.4 millones.
Según el expediente, las investigaciones señalan que los recursos fueron transferidos a cuentas de terceros presuntamente vinculados al caso. Entre las personas imputadas figuran Suleiny Esther Amador, Yafermy García Araujo y Elide Miguelina de las Mercedes, mientras que Jorge Miguel Rivas Medina continúa bajo investigación junto a otras personas cuya posible participación es objeto de indagaciones por parte de las autoridades.
Las autoridades informaron que varias de las imputadas fueron detenidas cuando presuntamente intentaban retirar parte de los fondos transferidos, situación que, de acuerdo con el expediente, permitió avanzar en las investigaciones y recopilar nuevos elementos para el proceso judicial.
En defensa del patrimonio municipal, la Alcaldía de Santiago presentó una querella con constitución en actor civil el 30 de abril de 2026, fecha en la que también fue conocida la solicitud de medidas de coerción contra los involucrados en el caso.
En esa audiencia, el tribunal impuso prisión preventiva a Suleiny Esther Amador, mientras que a las demás imputadas les fueron dictadas medidas de coerción consistentes en garantías económicas. La audiencia celebrada este viernes correspondió al procedimiento de revisión de la medida impuesta a Amador, como parte del desarrollo del proceso penal.
La Alcaldía de Santiago reiteró que continuará dando seguimiento al caso hasta que concluya el proceso judicial, con el propósito de proteger los recursos públicos, procurar la recuperación de los fondos sustraídos y colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, siempre conforme al debido proceso y a las decisiones de los tribunales.
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