Bartolo García
Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) expresó su profunda preocupación ante la reciente modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados. Según el gremio, el cambio atenta contra los principios constitucionales de libertad empresarial.
En particular, ADOCEM cuestiona el artículo 20 del proyecto modificado, que establece como obligatorio el uso de combustibles derivados de residuos nacionales en los hornos de las plantas cementeras. Esta disposición, afirman, vulnera el artículo 50 de la Constitución que protege la libertad de empresa.
“Esta medida forzosa crea una situación de dependencia injusta, en un mercado de residuos que aún no cuenta con la regulación ni las condiciones técnicas adecuadas para garantizar suministro confiable y competitivo”, indicó Jorge David Pérez, presidente de ADOCEM.
Pérez advirtió que imponer la obligatoriedad del coprocesamiento, sin considerar las condiciones actuales del mercado y la infraestructura, podría generar monopolios, favorecer prácticas abusivas y distorsionar los precios en la industria.
Desde la perspectiva del sector cementero, la medida representa un retroceso en los esfuerzos por consolidar un marco normativo basado en la cooperación público-privada, la innovación y la eficiencia económica. Además, podría traducirse en mayores costos operativos y precios finales más altos para los consumidores.
ADOCEM también enfatizó que la modificación contradice el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), estipulado en la misma Ley 225-20, el cual asigna la gestión de los residuos a sus generadores, no a quienes pueden brindar soluciones de disposición como los cementeros.
“El coprocesamiento debe ser promovido como una alternativa ambiental sostenible, no como una imposición legal que afecta la autonomía y la planificación de nuestras operaciones”, señaló Pérez, destacando que las prácticas internacionales más exitosas en esta materia se basan en incentivos, no en mandatos.
En países como Alemania, Suiza y Colombia, el coprocesamiento ha sido exitosamente integrado mediante políticas de colaboración técnica y mecanismos fiscales que premian la innovación ambiental, recordó el gremio.
De igual forma, ADOCEM reiteró que está a favor de continuar contribuyendo con la disposición segura de residuos y apoya la creación de políticas públicas que fortalezcan el reciclaje, la valorización y el uso eficiente de materiales, pero desde una perspectiva de libertad, sostenibilidad y competencia justa.
“Estamos comprometidos con el desarrollo de un modelo circular que beneficie al país, pero esto debe hacerse respetando los derechos de los sectores productivos y evitando cargas desproporcionadas que alteren el equilibrio del mercado”, añadió Pérez.
La organización que agrupa a las seis empresas productoras de cemento del país hizo un llamado al Senado y a las autoridades competentes para revisar el texto aprobado por la Cámara de Diputados y abrir un proceso de consulta técnica con todos los sectores involucrados.
En su declaración, ADOCEM también pidió que se promuevan regulaciones claras, infraestructura adecuada y mecanismos de supervisión que garanticen la trazabilidad, calidad y precio justo de los combustibles derivados de residuos.
El gremio considera que la legislación debe centrarse en crear condiciones para el desarrollo sostenible, no en imponer obligaciones que pueden paralizar inversiones, reducir empleos y debilitar la competitividad industrial del país.
Finalmente, la asociación reiteró que continuará siendo parte de la solución a los retos ambientales del país, pero exige que las políticas públicas se construyan con base en el diálogo, el respeto a la ley y una visión integral del desarrollo nacional.
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