Abel Martínez llama Haití detener chantaje tiene con la República Dominicana

El presidente de ese hemiciclo, Abel Martínez

Reitera el Tribunal Constitucional actúa en dirección de sus facultades

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El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán en momento en que responde preguntas a los periodistas. Bartolo Garcia

VILLA GONZALEZ, RD.- El presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Abel Martínez Durán afirmó ayer en este municipio que Haití no puede seguir chantajeando a la República Dominicana, como hasta ahora lo han venido haciendo a pesar de la solidaria que ha dado el pueblo dominicano.

El legislador por la provincia de Santiago, manifestó que el Tribunal Constitucional ha actuado en la dirección de sus facultades y sobre todo que ha hablado mediante una sentencia.

“Una sentencia que debemos nosotros respetar y que nosotros como dominicanos debemos unirnos apoyar, no sólo la sentencia, sino nuestra norma constitucional y apoyar la República Dominicana”, expresó.

Martínez Durán advirtió que esa campaña difamadora y abusiva que tiene el Gobierno de Haití, debe parar, que no pueden seguir chantajeando al país, porque somos dominicanos y solidarios y hemos  sido hermano de Haití y de cualquier otra nación que necesite de nuestra ayuda.

“Estamos dentro del marco de la globalización, pero sobre los escombro de nuestra nacionalidad, de nuestra soberanía, no así, no”, reiteró el legislador.

El legislador fue enfático en señalar que la República Dominicana tiene sus leyes y normas, las que deben ser respetadas por cada uno de los ciudadanos y los estamentos de la sociedad.

El representante de la provincia de Santiago ante la Cámara de Diputados, fue entrevistado al participar en la inauguración de un proyecto habitacional, encabezado ayer en esta localidad, por el presidente Danilo Medina, en torno a la visita en el país de una comisión de la   Corte Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH).

La delegación internacional vino al país a indagar sobre la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, mediante la cual se instruye a las instituciones correspondientes regularizar los hijos de ilegales en territorio dominicano.

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