VISIÓN GLOBAL
Nelson Encarnación
La crisis generada por el colapso del sistema de voto automatizado que provocó la suspensión de los comicios municipales del pasado domingo ha motivado la opinión de que los actuales miembros de la Junta Central Electoral renuncien ante la falta de confianza que ese evento les ha generado.
Sin embargo, esa eventualidad sería demasiado radical y en poco ayudaría a la construcción de un clima apropiado para el montaje de las elecciones pautadas de forma extraordinaria—nunca mejor que ahora ese término—para el 15 de marzo, tras lo cual habrá que abocarse a la organización del siguiente proceso del 17 de mayo.
Colocar en la JCE a nuevos árbitros que sin tiempo vengan a empaparse de la materia, sería tanto como poner en la cabina de mando de un avión en plena maniobra de aterrizaje a alguien que se monta por primera vez en un vuelo.
Es aquí donde entran en juego las posibilidades de salvar un proceso cuyo final va a requerir de mucha paciencia, calma, nervios de acero y determinación para que pueda llegar a feliz término.
Ha surgido entonces una posible salida que voy a lanzar aquí, sabiendo de antemano que los principales actores le darán de lado, ya que, por una parte, hay algunos que no quieren solución real, y otros se creen los dueños de la verdad.
La salida sería, mediante una negociación, aprobar una modificación a la Ley Electoral para a los cinco miembros actuales agregarles, en forma transitoria, a cuatro de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que tienen una experiencia conjunta de más de 40 años en la materia electoral.
Esos magistrados son Román Jáquez, Santiago Sosa, Rafaelina Peralta Arias y Cristian Perdomo, quienes han servido tanto en la JCE como en juntas electorales, particularmente en la del Distrito Nacional, habiendo administrado procesos complejos en los cuales han tenido que asumir responsabilidades cruciales.
El mecanismo de llevar a nueve los miembros de la JCE no sería ni complicado ni un invento, pues ya en una ocasión el órgano electoral estuvo compuesto por esa cantidad de integrantes, luego siete y finalmente el número actual de cinco.
¿Cómo se haría? Los citados magistrados tomarían licencia y su lugar sería ocupado por sus respectivos suplentes que decidirían los contenciosos que surjan tanto de las elecciones de marzo como de los procesos conjuntos de mayo, sin que puedan reasumir sus funciones antes de culminar esas eventualidades y así no ser juez y parte.
Esta salida sería más viable y menos traumática que colocarles a los miembros actuales de la Junta una comisión de notables, que muchas veces resultan más notorios que notables, casi siempre con conflictos de intereses.
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