El ex presidente del gremio de ingenieros advierte que la figura de contratación menor podría facilitar asignaciones directas de obras estatales
Bartolo García
El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, expresó su preocupación por posibles debilidades en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio de 2025.
Tejada señaló que algunos artículos de la normativa podrían ser utilizados por ministros y directores generales para realizar contrataciones directas o asignaciones de obras grado a grado de manera simulada.
Indicó que esto se produciría especialmente a través de la modalidad de “contratación menor”, contemplada dentro del nuevo marco legal y su reglamento de aplicación.
El ingeniero explicó que los umbrales establecidos permiten que obras de montos significativos sean tramitadas bajo este mecanismo simplificado, sin procesos de licitación más amplios.
Según detalló, el Reglamento 52-26 desarrolla esta figura en los artículos 145 y 146, estableciendo reglas particulares que podrían prestarse a distorsiones administrativas.
A su juicio, estos artículos representan un foco de riesgo por su alta posibilidad de favorecer contrataciones directas disfrazadas de procesos competitivos.
Tejada también cuestionó que se permita la apertura de ofertas sin la presencia obligatoria de un notario público, lo que considera una debilidad en materia de transparencia.
Asimismo, observó como preocupante que solo se invite a un mínimo de tres proveedores inscritos, preferiblemente locales, lo que puede limitar la competencia real.
Otro aspecto criticado fue el corto plazo de tres días hábiles entre la convocatoria y la presentación de propuestas, el cual calificó como irreal para preparar ofertas técnicas serias.
“Es prácticamente imposible estructurar una propuesta responsable en tan poco tiempo sin información previa”, afirmó el ex dirigente gremial.
Pese a estas advertencias, reconoció que la Ley 47-25 incluye avances importantes que fortalecen la regulación y la transparencia en las compras públicas.
Destacó que la promulgación de esta normativa demuestra el interés del Gobierno en modernizar los procesos de contratación del Estado.
Tejada recordó que históricamente el CODIA ha luchado contra las asignaciones grado a grado, señalando que estas prácticas fueron una de las mayores fuentes de clientelismo durante décadas.
Explicó que, aunque desde 1967 se intentó establecer el concurso público como norma, múltiples excepciones debilitaron ese principio.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad civil, a los profesionales y a los organismos de control a mantenerse vigilantes para asegurar que la nueva ley se aplique con rigor y equidad, evitando que se repitan viejas prácticas bajo nuevas figuras legales.
