Santo Domingo, D.N.– La defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ante el tribunal que durante su gestión pública no se registraron denuncias, auditorías ni hallazgos oficiales que evidencien irregularidades atribuibles a su actuación.
En su exposición, los abogados sostuvieron que el ejercicio de la función pública de Peralta se desarrolló dentro del marco legal y administrativo, sin que se haya demostrado beneficio económico personal alguno derivado de sus decisiones como funcionario.
El equipo legal enfatizó que en el expediente no se acredita cobro indebido, soborno, recepción de dádivas ni enriquecimiento ilícito relacionado con el desempeño de Peralta al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Asimismo, destacaron que dicha institución no figura como imputada ni investigada formalmente dentro del proceso, y que tampoco existen informes de los órganos de control del Estado que señalen irregularidades durante ese período.
La defensa argumentó que la acusación carece de respaldo institucional y probatorio suficiente para sostener imputaciones penales, por lo que no se configura una conducta ilícita atribuible al exfuncionario.
Durante la audiencia, la abogada Emery Rodríguez, integrante del equipo de defensa, cuestionó la calidad y pertinencia de la documentación presentada por el Ministerio Público.
Rodríguez explicó que de un total de 1,691 documentos depositados por el órgano acusador, apenas 136 hacen alguna mención indirecta a José Ramón Peralta, sin que ninguno constituya una prueba concreta que lo vincule a los hechos imputados.
A su juicio, la acusación se apoya en una acumulación indiscriminada de documentos que no guardan relación directa con el caso, lo que debilita la consistencia del expediente presentado.
La abogada señaló que entre los documentos incorporados figuran cédulas de identidad, actas de asambleas y papeles de constitución de empresas con más de dos décadas de antigüedad, los cuales no aportan elementos probatorios relevantes.
Según la defensa, este volumen de documentación responde más a una estrategia de saturación que a una investigación sustentada en pruebas verificables y pertinentes.
Rodríguez calificó el proceso como una investigación basada en “papeles que no sirven para probar nada”, al considerar que carecen de vínculo directo con la conducta que se pretende imputar al exministro.
El equipo legal insistió en que la ausencia de pruebas directas y de señalamientos de los organismos de control del Estado evidencia la falta de rigor en la acusación.
También subrayaron que la función pública ejercida por Peralta no estuvo acompañada de decisiones discrecionales fuera del marco normativo ni de actuaciones administrativas cuestionadas oficialmente.
Finalmente, la defensa reiteró ante el tribunal que el expediente presentado no permite sostener responsabilidad penal alguna, al no existir pruebas objetivas que comprometan la gestión de José Ramón Peralta como ministro administrativo de la Presidencia.
