Washington, EE. UU.– La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de ley que pone fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país, tras 43 días de parálisis administrativa, enviando la iniciativa al presidente Donald Trump para su promulgación.
El voto en la Cámara baja se produjo después de que la norma superara el trámite en el Senado, donde republicanos y algunos demócratas acordaron un nuevo límite de financiación temporal, estableciendo recursos hasta el 30 de enero, mientras continúan las negociaciones sobre el presupuesto federal.
La medida recibió 222 votos a favor —216 republicanos y 6 demócratas— frente a 209 en contra —202 demócratas y 7 republicanos—, reflejando la profunda división política en torno a la gestión del gasto público y al papel del Ejecutivo en la negociación presupuestaria.
El “shutdown”, término utilizado en Washington para describir el cierre parcial del gobierno, se produce cuando el Congreso y la Casa Blanca no logran un acuerdo sobre el presupuesto. Esta vez, la falta de consenso mantuvo paralizadas durante más de seis semanas a decenas de agencias federales y afectó a millones de ciudadanos.
Con la inminente firma del presidente Trump, se espera que la normalidad regrese progresivamente a las instituciones públicas, parques nacionales y aeropuertos del país, que enfrentaron cancelaciones y retrasos debido a la ausencia de personal y al agotamiento de los trabajadores considerados “esenciales”.
Durante el cierre, unos 750,000 empleados federales permanecieron suspendidos de empleo y sueldo, mientras que otros miles, como los controladores aéreos y los agentes de seguridad aeroportuaria, debieron trabajar sin recibir salario, provocando protestas y un aumento en los retrasos de vuelos en todo el país.
La Administración Federal de Aviación (FAA) había implementado un plan para evitar la saturación del tráfico aéreo, pero lo mantuvo en suspenso hasta que se restablecieran los fondos necesarios para operar con normalidad.
El impacto también alcanzó al programa de cupones de alimentos (SNAP), que beneficia a unos 42 millones de estadounidenses. La falta de fondos amenazó con retrasar los pagos, hasta que el Tribunal Supremo intervino la semana pasada para respaldar temporalmente la postura de la Casa Blanca sobre la gestión de los recursos.
La prolongación del cierre afectó tanto a la economía como a la reputación del Congreso, mientras miles de familias enfrentaban dificultades financieras. Las estimaciones del Congreso Presupuestario (CBO) apuntan a pérdidas millonarias derivadas de la suspensión de servicios y del retraso en los pagos gubernamentales.
Con la aprobación de la ley, se asegura la financiación de las principales agencias federales durante el resto del año fiscal 2026, lo que brinda estabilidad temporal y evita, al menos por ahora, una nueva disputa presupuestaria a corto plazo.
Los líderes republicanos calificaron el acuerdo como un “paso responsable” para garantizar la continuidad del gobierno y ofrecer tiempo suficiente para alcanzar un consenso más amplio sobre la política fiscal.
Por su parte, algunos demócratas criticaron la medida por considerarla una solución “de corto plazo” que no aborda las causas estructurales del conflicto presupuestario y acusaron al Ejecutivo de utilizar el cierre como herramienta de presión política.
La firma del presidente Trump, prevista para las 21:45 hora de Washington, pondrá fin oficialmente al cierre y permitirá reactivar el flujo de dinero público, con lo cual los empleados federales podrán regresar a sus puestos y recibir sus salarios atrasados.
Con este desenlace, Estados Unidos pone fin a un capítulo de tensión institucional que deja lecciones sobre la fragilidad del consenso político y la necesidad de reformas que garanticen la continuidad del Estado incluso en medio de desacuerdos partidistas.
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