JESÚS GARCÍA BUENO
Elpais.com
Cuando Shakira subió al escenario del Palacio de Congresos de Sevilla para recoger el Grammy Latino a la Mejor Canción Pop junto a Bizarrap, ya había tomado una decisión que, en realidad, llevaba meditando los últimos cinco años de su vida. “Quiero dedicárselo a mis hijos porque les prometí que sería feliz”, dijo la cantante colombiana, quien expresó su deseo de cerrar las heridas que le provocó la separación del exdefensa del Barça Gerard Piqué, es la letra del premio. canción ganadora). Pero la noticia tenía otro significado: Shakira aplazaría, incluso para sus hijos, la demanda por defraudar al Tesoro 14,5 millones.
La gala tuvo lugar la tarde del jueves 16. Al día siguiente, por la tarde, Shakira se reunió en Barcelona con sus abogados del despacho Molins & Silva con las ideas muy claras. Les dijo que quería ser feliz por el bien de Milan y Sasha y que ya no quería someterse al juicio, como había afirmado hasta entonces. Y les dio instrucciones para llegar a un acuerdo con las acusaciones (fiscalía, fiscalía y generalitat), que en realidad llevaban año y medio sobre la mesa, cuando fracasó una primera negociación entre las partes. Apenas existen diferencias entre el primer borrador de contrato propuesto en el verano de 2022 y el acuerdo escrito sellado el pasado lunes en los juzgados de Barcelona. Shakira no aceptó en ese momento, en parte porque Piqué insistió en que peleara y porque prefirió mantener abiertas sus opciones hasta el final.
Hasta el día después de los Grammy, los abogados se preparaban para el juicio como si fuera a suceder. Confiaban en conseguir una victoria como la que habían conseguido en el caso del ex motociclista Sito Pons, acusado también de no pagar impuestos siendo residente fiscal en España. En el Palacio de Justicia estaban previstas 12 sesiones y la comparecencia de 117 testigos que mantuvieron relaciones profesionales y personales con la cantante entre 2012 y 2014, cuando, según la acusación, ya residía en Barcelona. La abogada defensora penal Míriam Company pasó más de una semana en Miami, donde vive la artista con sus hijos, preparando una declaración que será presentada en la primera sesión del lunes. Según el presidente del tribunal, Shakira podrá entonces regresar a Estados Unidos y seguir el juicio telemáticamente si así lo desea.
El mejor acuerdo posible
Nunca se perdió de vista la posibilidad de un acuerdo de última hora, una práctica común en los delitos fiscales. Pero el aterrizaje de Shakira en España unos días antes de los Grammy dio más peso a esa opción. La cantante compartió con sus abogados sus dudas, que estaban más relacionadas con la exposición mediática del juicio y el desgaste de su carrera que con el miedo a la derrota. Tras advertirles que podía cambiar de opinión en cualquier momento, les instó a negociar el pacto con discreción mientras preparaban minuciosamente la batalla sobre el calendario ante Hacienda: la clave del caso siempre fue si se superaba el requisito previo para ser considerado impuesto. residentes.
Shakira meditó durante mucho tiempo y, según fuentes cercanas, consultó a figuras del mundo de la música que le aconsejaron llegar a un acuerdo y cerrar un asunto que, según dijo después, le había «robado» tiempo y tranquilidad desde 2018. , la fiscalía archivó la denuncia presentada. Aceptó el pacto a regañadientes y en el último momento, lo que no supuso ningún problema puesto que todas las partes ya sabían cuáles eran los términos de cualquier posible acuerdo. Lo que se ofreció en el verano de 2022 -y un año después, cuando Pau Molins asumió el liderazgo de la defensa y reanudó las negociaciones- todavía se aplicaba a puertas del juicio. La fiscalía no tenía planes de seguir adelante a partir de ahí. Si lo aceptó, bien; pero también.
Al aceptar la historia de la acusación, Shakira se convirtió en una defraudadora de impuestos (el veredicto es firme), pero logró evitar el juicio y le redujeron la pena de prisión y la multa. El fiscal solicitó inicialmente un total de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,5 millones. Una vez sellado el acuerdo, cambió su auto aplicando una atenuante de reparación de daños ya que había pagado más de 17 millones: la tarifa y los intereses defraudados. El acuerdo prevé una pena total de tres años de prisión (en realidad, un mínimo de seis meses por cada uno de los seis delitos) y una multa del 50% del honorario defraudado, o 7,2 millones. Según fuentes judiciales, esto es todo lo que la fiscalía puede ofrecer si se llega a un acuerdo de culpabilidad en este tipo de delitos. “Habría sido prácticamente imposible conseguir algo mejor. “No ha recibido ningún trato especial, pero tampoco le han hecho ofertas mejores”, explica Molins.
Antecedentes penales
Además del dinero, otro punto clave del acuerdo fue lo que pasó con la pena de prisión. La posibilidad de que Shakira terminara tras las rejas era extremadamente remota, casi imposible. Sin embargo, queda por ver si la ejecución de esta pena se suspenderá o se sustituirá por una multa; Es una cuestión muy técnica, pero con consecuencias en la vida real. En general, para sentencias inferiores a dos años y sin antecedentes penales, los jueces y tribunales suspenden la ejecución con la condición de que no se cometan más delitos dentro de un plazo determinado. En el caso de Shakira, sin embargo, la pena no fue suspendida, sino sustituida por el pago de una multa de 432.000 euros.
La sustitución ya no está prevista en la redacción actual del Código Penal, pero estaba vigente en el momento de los hechos. Molins cree que esta circunstancia es más ventajosa para su cliente y el gran éxito del acuerdo, porque al final “el castigo es una multa”. Tarjeta verde que le permite residir en los Estados Unidos. Para renovar su permiso de residencia, las autoridades requieren un certificado de antecedentes penales. Shakira Isabel Mebarak Ripoll será incluida en el registro penitenciario del Departamento de Justicia y, por ley, no podrá ser eliminada durante tres años. Este documento contiene una serie de datos, entre ellos las infracciones cometidas (seis infracciones contra las finanzas públicas) y el hecho de que fueron sustituidas por una multa. Respecto a las autoridades norteamericanas, los abogados señalan que esta sustitución “permitirá el mejor trato posible” al ser más aceptable que una pena de prisión.
Dos casos pendientes
Molins se alegra de que el pacto satisfaga a su cliente, pero en parte lamenta que «no haya podido luchar con las espadas en alto durante el juicio». Cree que, al igual que Sito Pons, podría haber demostrado que Shakira no podía ser considerada residente fiscal en aquellos años, pese a las pruebas recabadas por la autoridad fiscal. La abogada luchó sin éxito para que se excluyera de la decisión de cumplimiento el ejercicio 2012, lo que habría beneficiado a un segundo caso que la cantante aún tiene pendiente en España, aunque quiere dejar atrás estos problemas y olvidarse de su paso por Barcelona.
La autoridad fiscal también le impuso una multa por evasión fiscal en España en 2011, año en el que obtuvo extraordinarios beneficios de su gira mundial. sale el sol. A diferencia de los años siguientes, este ejercicio no desembocó en un proceso penal, sino meramente administrativo. Shakira tuvo que pagar la multa de 60 millones de euros para poder apelar en un caso que califica de “disparate”. Aunque el veredicto sobre la estafa de 14,5 millones incluye el reconocimiento de que vive en España desde 2012, no tendrá ninguna incidencia en el recurso puesto que ya estamos a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional.
Shakira también se enfrenta a un segundo juicio penal por presunto fraude fiscal en España, que acaba de comenzar. La Fiscalía ha presentado una denuncia contra ella por evadir el pago de seis millones de euros en impuestos en 2018 a través de una «red de empresas» que le permitía «simular» la cesión de sus derechos musicales a empresas fantasma. Shakira evitó así incluir parte de los ingresos millonarios que obtuvo gracias a la gira musical el dorado, que lo llevó a 53 conciertos en Europa, Estados Unidos y América Latina este año. Molins vaticina que este proceso tiene “buen pronóstico”. En primer lugar, la Fiscalía solicitó a Interpol que fuera informada sobre la denuncia y la citación. Es previsible que esta vez los investigue desde Miami y no tenga que viajar a una Barcelona que sólo le trae malas noticias en lo personal y en lo fiscal.
