Jean Alain Rodríguez llegó a las 11:58 minutos de este día a la sede de la Procuraduría General de la República, tal y como había prometido esta mañana para hacer frente a las investigaciones en su contra.
“A la cárcel Jean alain por corrupto y charlatan.” 🤦♀️ pic.twitter.com/talT04DXxs
— Ode👩🏼💻📱 (@OdeComunica) June 29, 2021
Rodríguez llegó y se dirigió a las oficinas de la PGR, en el edificio que alberga también a la Suprema Corte de Justicia.
Los periodistas no pudieron entrar detrás de él a las instalaciones.
El exprocurador de la República dijo que nadie lo ha llamado, ni ha convocado, pero que fue por su voluntad.
“Estoy aquí voluntariamente a ver de qué se trata todo este proceso de investigación… veré lo que tengan las autoridades que decir”, señaló.
Rodríguez, junto a un grupo de personas son investigadas por la PGR bajo la “Operación Medusa”, puesta en marcha la noche del lunes 28 de junio con al menos 38 allanamientos, en los que estaban incluidas la residencia del exfuncionario, la de su madre y la de su exasesor, Miguel José Moya, quien ya fue detenido por la autoridades y está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Detenidos
La PGR tiene la autorización de allanar a 22 personas
Además de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, están arrestados Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputadas de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
