Santo Domingo, RD.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Consejo Superior del Ministerio Público, acogiendo la propuesta enviada por el Consejo Económico y Social (CES) para la escogencia del titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, eligió de manera interina a la procuradora adjunta Gisela Cueto, quien actualmente desempeña las funciones de titular del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones.
En un comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia explica que además de evaluar los candidatos recomendados por el CES, la procuradora adjunta Gisela Cueto, y el titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró, dentro de sus facultades como órgano constitucional, también evaluó a los magistrados Francisco Berroa y Casilda Báez, titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo y titular del Departamento de Dictámenes Civiles de esta Procuraduría, respectivamente.
Por igual, el Consejo Superior del Ministerio Público convocó a la recién designada titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, al director general de Persecución del Ministerio Público y a los titulares de todas las procuradurías fiscales del país a una reunión que se llevará a cabo mañana viernes 13 de marzo, a los fines de coordinar la logística operativa de cara a las elecciones municipales que serán realizadas el próximo domingo 15 de marzo.
De la misma forma, el Consejo Superior del Ministerio Público ordenó a los departamentos correspondientes a que brindaran en esta misma fecha toda la asistencia necesaria a la nueva Titular Interina asignando los recursos, herramientas y conformación de un equipo de trabajo que incluye fiscales de carrera y personal administrativo a los fines de dar apoyo y cooperación a las Fiscalías en la persecución de los delitos electorales.
En el documento de prensa la institución reiteró que las fiscalías estarán laborando en horario extendido antes, durante y después de las elecciones municipales, a fin de atender las eventuales denuncias de presuntos delitos electorales que pudieran presentarse en las diferentes jurisdicciones del país.
