Santo Domingo, Rep. Dom.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), lamentó que tradicionalmente al poder judicial se le haya considerado como la cenicienta, el más débil de todos los poderes formales del Estado, esto así por su sumisión presupuestaria y exigua independencia en todos los órdenes.
Un apretado balance sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial en el 2018 nos llevan a calificarlo como el año de la involución judicial, destacándose como retos y males de la justicia dominicana, la creciente percepción de descredito y baja valoración, la falta de tribunales, jueces rehuyendo sus responsabilidades en casos de lavado de activos y narcotráfico, sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial, un presupuesto deficiente, la mora judicial en los tribunales inferiores y hasta en la propia suprema corte de justicia, con retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del acceso a la justicia.
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia clamó por más presupuesto para el Poder Judicial, tras asegurar que la falta de recursos sigue siendo, entre otras dificultades, el Talón de Aquiles de la administración de justicia, en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
Potentini, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.
El jurista explicó, que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que, si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo, Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.
La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Potentini deploró y reitero como un escollo de la administración de justicia la falta de implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales.
Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho.
FJT propuso un mecanismo de autogestión financiera y presupuestal, para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos.
De acuerdo con la FJT, el mecanismo a implementar guardaría mucha similitud con el actual modelo de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales, tienen especializado por sus respectivas leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones, para el caso de adunas y un 2 por ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección General de Impuestos Internos.
En suma, estaríamos hablando de conformidad con las declaraciones de sus incumbentes de aduanas e impuestos internos, de recaudaciones por más de 115 mil millones y casi 400 mil millones respetivamente, más de 4 mil millones para adunas y cerca de ocho mil millones para impuestos internos, todo esto durante el año 2018, sin mediar, ni depender del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia explicó que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, más bien el mecanismo planteado busca redistribuir los recursos gestionados por el Poder Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros, en fin se trata de una dependencia del Poder Judicial que bien serviría como parámetro para establecer los pro cientos necesarios para garantizar la operatividad de la justicia.
La entidad de sociedad civil manifestó su temor de que estos importantes estamentos de administración de justicia y persecución de la delincuencia y el crimen organizado, caigan en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
FJT Destaca desempeño del Ministerio Público, definiéndolo como positivo y cargado de realizaciones
Finalmente, Justicia y Transparencia destacó la labor realizada por el Ministerio Público, durante el año 2018, definiéndolo como positivo y cargado de realizaciones, entre ellas, el sometimiento y condenas por casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, modernización institucional y equipamientos del Ministerio Público, la intervención, remozamiento y construcción de decena de centros penitenciarios, la apertura y puesta en marcha de varios proyectos y campañas sobre derechos humanos, protección niños, mujeres y violencia de género, la incorporación de más de 200 nuevos fiscales y los concursos para el ascenso y evaluación del Ministerio Público, entre otros.
