Apoyo masivo de banqueros a presidente de Fenabanca
Decenas de banqueros de todo el país se trasladaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para apoyar al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA), licenciado William Rosario Ortiz, quien ha sido demandado por los propietarios de LEIDSA y Loto Real.
Lucha campal con LEIDSA y Loto Real
Los propietarios de bancas de loterías afiliados a Fenabanca mantienen una lucha campal con la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA) y Loto Real, quienes pretenden cobrarles impuestos de manera abusiva por el uso de los sorteos.
- Los concesionarios solicitaron en su momento a la Federación Nacional de Bancas de Loterías un permiso y un Decreto para vender los productos de la Lotería Nacional en su plataforma.
- Hoy, están sometiendo a los banqueros a un pago injusto y abusivo, lo que ha generado un asedio contra miles de banqueros de la República Dominicana.
Plan de lucha y demanda
Ante este escenario, la federación se prepara para un plan de lucha con los concesionarios y una demanda al Ministerio de Hacienda y al Palacio Nacional para evitar conflictos y seguir pagando los impuestos correspondientes al Estado Dominicano.
- La federación sostiene que los concesionarios no tienen derecho a obligarles a pagar por el uso de terminales, ya que también utilizan los de la Lotería Nacional.
Denuncia de componenda
El presidente de FENABANCA, licenciado William Rosario Ortiz, denunció una componenda en los tribunales del país y algunas instituciones gubernamentales para favorecer a los concesionarios, a pesar de que el sector de las bancas de loterías es el que más empleo aporta a la economía nacional.
- Destacó que los concesionarios son empresas parásitas que se instalan en puestos de trabajo ya establecidos, agregando más compromisos a las operarias de supermercados, farmacias, entre otros.
Exigencia de igualdad de derechos comerciales
En los próximos días, se proponen acudir en masa al Ministerio de Hacienda y al Palacio Nacional para exigir una respuesta por parte del Gobierno a la documentación entregada, demandando igualdad de derechos comerciales.
